La administración federal de Brasil ha manifestado que establecerá una serie de contrapartidas obligatorias en caso de que deba intervenir para salvar al Banco de Brasília (BRB). Esta entidad financiera ha provocado incertidumbre en el mercado tras anunciar la suspensión indefinida de la entrega de sus balances correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2025. El retraso se justifica en la «necesidad» de terminar una «auditoría forense» que busca esclarecer los sucesos vinculados al colapso del Banco Master.
Fuentes allegadas al proceso indicaron que el equipo económico del presidente Lula da Silva no considera que una intervención directa sea un paso inevitable por ahora. El Ejecutivo brasileño solo actuaría si se confirma la existencia de un peligro sistémico que ponga en riesgo la estabilidad de todo el entramado financiero del país.
Dentro de las exigencias que se plantean para la institución controlada por la municipalidad de Brasilia, destaca la reforma de los reglamentos de un fondo especial que gestiona el envío de recursos federales hacia los gobiernos locales. Se estima que este mecanismo canalizará cerca de 30.000 millones de reales (aproximadamente 5.037 millones de euros) hacia la capital durante el presente año.
Para la directiva del BRB, el respaldo del Gobierno federal es una pieza fundamental para mitigar el impacto del caso Banco Master. Con este objetivo, se ha programado una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 22 de abril, donde se pondrá a debate una propuesta de ampliación de capital por un monto de hasta 8.800 millones de reales (unos 1.478 millones de euros).
La crisis del Banco de Brasília se originó tras la compra de activos valorados en casi 12.000 millones de reales (2.015 millones de euros) pertenecientes al ahora quebrado Banco Master. Esta operación financiera se encuentra actualmente bajo la lupa de los entes de control por presuntas irregularidades y sospechas de fraude.
Incumplimiento de plazos legales
Fue el pasado 1 de abril cuando el BRB notificó formalmente la postergación de sus balances semestrales. Según la entidad, la medida busca garantizar la
«fiabilidad, transparencia e integridad»
de sus informes contables antes de que sean presentados formalmente ante los accionistas.
Este aplazamiento sitúa al banco en una posición de vulnerabilidad legal, puesto que la normativa de Brasil exige que los resultados anuales de las entidades financieras se publiquen a más tardar en el mes de marzo. Debido a esto, el BRB se enfrenta a posibles sanciones por parte de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) y el Banco Central de Brasil.
La legislación vigente contempla la imposición de multas de carácter diario para quienes incumplan con estos plazos. Sin embargo, si la situación de opacidad financiera se mantiene, las autoridades tienen la potestad de ordenar la suspensión de la cotización de las acciones del BRB en los mercados bursátiles.
Finalmente, proyecciones basadas en una auditoría externa señalan un panorama complejo para la entidad. Se calcula que el BRB podría registrar pérdidas financieras que oscilan entre los 8.000 millones de reales (1.343 millones de euros) y los 13.000 millones de reales (equivalentes a 2.183 millones de euros).
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