La Audiencia Nacional (AN) ha dado inicio este lunes a la etapa de juicio oral por la denominada ‘Operación Kitchen’. Este proceso investiga una supuesta red de espionaje que se habría orquestado en el año 2013 desde la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. El objetivo de la trama habría sido sustraer información confidencial al entonces tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, para evitar que datos comprometedores sobre la formación política y sus líderes fueran incorporados a la investigación del ‘caso Gürtel’.
Entre los señalados que acudieron a la sede judicial de San Fernando de Henares, en Madrid, se encuentran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el antiguo director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Los acusados ingresaron al recinto a partir de las 09:30 horas para afrontar una primera semana de sesiones dedicada a las cuestiones previas, bajo la dirección de la magistrada Teresa Palacios.
Declaraciones de los implicados
A su llegada, José Manuel Villarejo conversó con los medios de comunicación y expresó su deseo de que la verdad prevalezca en el proceso. Según el comisario retirado, el tribunal que preside la causa «se está dando cuenta de que casi todo era humo». Durante su intervención, no dudó en calificar a Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como «un impresentable», y cuestionó que figuras de alto rango, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no hayan sido citadas como acusadas.
Villarejo se describió ante la prensa como un «humilde agente de inteligencia» que terminó siendo utilizado como la figura sobre la cual recayeron todas las responsabilidades. Ataviado con una corbata que lucía insignias de la Policía Nacional, manifestó su orgullo por haber pertenecido a dicha institución, aunque criticó la supuesta intención de mandos de la Guardia Civil y el CNI de manchar el nombre del cuerpo policial.
«Allá ellos, los traidores que han participado, algunos colegas que a cambio de cuatro baratijas han participado en esto»
, sentenció.
La tesis de la Fiscalía Anticorrupción
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, solicita una condena de 15 años de cárcel y 33 años de inhabilitación para Jorge Fernández Díaz, a quien se le acusa de presuntos delitos de malversación, encubrimiento y vulneración de la intimidad. Según el escrito fiscal, la cúpula del Ministerio del Interior habría ideado una «ilícita operación policial de inteligencia» con el propósito de neutralizar pruebas materiales que pudieran incriminar a la alta dirigencia del Partido Popular.
El plan consistía específicamente en apoderarse de los documentos y archivos en manos de Bárcenas, quien en ese momento ya estaba bajo investigación formal. El objetivo final era «evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado» al Juzgado Central de Instrucción Número 5. En este operativo habrían participado también los comisarios Marcelino Martín Blas y Enrique García Castaño, el inspector Andrés Gómez Gordo y el entonces conductor de Bárcenas, Sergio Ríos.
Penas solicitadas y el rol de las acusaciones
La Fiscalía también ha demandado penas de 15 años para Francisco Martínez, Eugenio Pino y Gómez Gordo. En el caso de Villarejo, la petición de condena asciende a 19 años de prisión, mientras que para Sergio Ríos se solicitan 12 años y cinco meses. Por su parte, para Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos, la solicitud es de dos años y medio. Cabe destacar que Enrique García Castaño no enfrentará el juicio debido a una «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus el año pasado.
En la causa judicial, el PSOE y Podemos actúan como acusación popular. La acusación particular la lidera la familia de Luis Bárcenas, integrada por él mismo, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo, conocido por ser el cantante del grupo Taburete.
Pagos con fondos reservados y testigos clave
De acuerdo con la investigación, la red logró captar a Sergio Ríos debido a la confianza que la familia Bárcenas depositaba en él. A cambio de informar detalladamente sobre los movimientos y reuniones del extesorero entre 2013 y 2015, Ríos habría recibido pagos mensuales de 2.000 euros provenientes de los fondos reservados del Ministerio del Interior, sumando un total estimado de 54.000 euros. Además, se le habría facilitado una licencia de armas y una pistola como recompensa.
El juicio contará con un extenso listado de más de 100 testigos. Entre las figuras políticas más destacadas se encuentran el expresidente Mariano Rajoy, la exministra María Dolores de Cospedal (23 de abril), Soraya Sáenz de Santamaría (27 de abril) y el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (11 de mayo). El propio Luis Bárcenas y su esposa declararán el 20 de abril, mientras que el calendario prevé que los acusados presten testimonio en la fase final, durante los días 14, 18 y 19 de mayo.
Fuente: Fuente