¿Cuál es el tema que actualmente domina la conversación pública en América Latina? Durante décadas, los análisis y debates se centraron en variables como la inflación, la devaluación, el crecimiento económico o las diversas reformas del aparato estatal. No obstante, hoy resulta evidente que el eje de la discusión política ha dado un giro radical, posicionando a la seguridad como la protagonista absoluta del debate, la mayor preocupación de la ciudadanía y, cada vez con más fuerza, el factor que define los resultados en las urnas.
Este cambio no es un hecho aislado. Representa la respuesta acumulada ante una realidad innegable: el fortalecimiento del crimen organizado, el crecimiento de las economías ilegales y el retroceso del control territorial por parte del Estado en diversas zonas del continente. Ante este escenario, las prioridades del ciudadano común han mutado. Ya no se conforman únicamente con promesas de desarrollo económico; ahora exigen algo mucho más elemental: la posibilidad de vivir sin miedo.
Las estrategias electorales han captado rápidamente esta necesidad. Desde el discurso de “law and order” (ley y orden), que fue columna vertebral de las campañas de Donald J. Trump en Estados Unidos, hasta el triunfo de Daniel Noboa en Ecuador, pasando por la propuesta política de José Antonio Kast en Chile y el actual panorama de debate en Perú, la tendencia es clara. Los votantes están dando su respaldo a figuras que prometen orden, control y resultados tangibles, mientras castigan la falta de firmeza, la duda o la ineficiencia al momento de enfrentar a las estructuras criminales.
El caso de El Salvador como referente
Bajo esta lógica de centralidad en la seguridad, se ha consolidado el modelo de El Salvador. En un periodo breve, dicha nación pasó de encabezar las listas de violencia global a ser un modelo regional en la recuperación de la autoridad del Estado, logrando una reducción drástica de los indicadores de criminalidad y estableciendo mecanismos de disuasión contra las organizaciones delictivas. Sectores que antes estaban bajo el yugo de pandillas y maras, ahora experimentan dinamismo económico y una normalidad que se creía perdida. Este éxito en seguridad es la base que sostiene la hegemonía político-electoral del presidente Nayib Bukele.
Aunque esta transformación es incuestionable, no debe considerarse que existe una fórmula salvadoreña aplicable automáticamente a otros contextos. Lo que se percibe es una amalgama de elementos particulares. Con base en la observación de experiencias internacionales y el seguimiento realizado desde el Adam Smith Center for Economic Freedom y la Casa Blanca, se pueden identificar tres pilares fundamentales para encarar la crisis de inseguridad.
1. El Marco Legal
El combate a la delincuencia requiere de políticas públicas y mecanismos jurídicos que logren disuadir el crimen, castigar con rigor a los responsables y minimizar las tasas de reincidencia. Por mucho tiempo, las naciones latinoamericanas intentaron frenar a organizaciones criminales complejas utilizando leyes obsoletas diseñadas para delitos individuales básicos. El resultado fue una asimetría total: estructuras con jerarquías y gran capacidad operativa frente a sistemas de justicia débiles y fragmentados.
La realidad contemporánea demanda reformas que permitan la persecución de organizaciones enteras, establezcan responsabilidades en las cadenas de mando y agilicen los procesos judiciales. Es necesario abordar desde la violencia convencional hasta el cíber crimen. El objetivo no es solo incrementar las penas, sino “hacer viable la acción estatal frente a una realidad criminal distinta”.
2. Infraestructura y recursos
Para asegurar el orden público, no bastan las leyes; se requieren recursos físicos que respalden la labor de las fuerzas de seguridad. Esto incluye equipamiento de protección, armamento de última generación y tecnología avanzada. No es posible que un agente patrulle en condiciones precarias mientras enfrenta amenazas sofisticadas. Es imperativo dotarlos de vehículos y herramientas de alta tecnología, además de garantizar remuneraciones dignas para militares, policías, fiscales y jueces.
Asimismo, es vital contar con centros de rehabilitación y recintos penitenciarios diseñados con los más estrictos estándares de control. En un entorno de criminalidad transnacional e hiperconectada, la seguridad demanda inteligencia criminal, bases de datos integradas y una profesionalización constante de todos los funcionarios involucrados. Pasar de una reacción tardía a una estrategia de anticipación es clave, pues “sin estas capacidades, incluso el mejor marco legal queda reducido a una declaración de intenciones”.
3. Actitud y liderazgo
Finalmente, existe un componente que, aunque no requiere presupuesto, es indispensable: una actitud firme contra el delito. Esto implica poseer las “herramientas mentales” necesarias para gestionar el problema con contundencia. Se trata de liderazgo y convicción, bajo la premisa de que recuperar la seguridad no es un tema negociable.
“Tiene que quedar claro que el Estado existe, primero, para proteger a quienes cumplen la ley; que su prioridad está en los derechos de las víctimas, no de los victimarios.”
Tanto la legislación como la inversión de recursos deben enviar un mensaje inequívoco sobre quién es la prioridad del Estado. Esta visión fue resaltada durante el intercambio de experiencias con el Ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, en un curso ejecutivo organizado en Lima, Perú. Villatoro sostuvo que quien vulnera la humanidad de otros debe enfrentar las consecuencias proporcionales, perdiendo sus propios derechos al atentar contra los del prójimo.
Hacia un nuevo equilibrio
Cuando este enfoque se aplica seriamente, el Estado abandona la neutralidad. La prioridad absoluta debe ser el resguardo de quienes respetan la integridad, la vida y la propiedad ajena. No debe verse como algo común vivir con miedo o que las personas se encierren en sus hogares por seguridad. Las extorsiones no pueden ser consideradas un costo operativo para los negocios, y la juventud debe encontrar su camino dentro de la legalidad.
Las objeciones contra las políticas de firmeza suelen presentar una falsa contradicción: sugieren que el debido proceso de un procesado anula la protección de las víctimas. El verdadero reto es restablecer el equilibrio. El Estado tiene la obligación de velar por los derechos humanos de quienes los respetan y emplear la fuerza legítima para garantizar que así sea. Por ello, los ciudadanos están reconfigurando el panorama político a favor de quienes adoptan esta postura, y lo hacen con argumentos sólidos.
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