El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien lideró el país entre 1990 y 2000, habría obstaculizado una operación policial destinada a capturar al fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Según una grave denuncia del teniente general de la Policía Nacional, Félix Murazzo Carrillo, la intervención estaba planeada para el 6 de diciembre de 1990, pero fue detenida con el fin de justificar el posterior autogolpe de Estado.
La estrategia detrás del retraso
Murazzo explicó en una entrevista que el régimen de turno utilizó la narrativa de la lucha contra la subversión para consolidar su poder absoluto.
«El gobierno de Fujimori había proyectado hacer un golpe de Estado a nombre de la lucha contra el terrorismo y si Abimael Guzmán hubiera sido capturado en 1990, ya no tendría argumentos para la asonada del 5 de abril de 1992. Por eso, Fujimori y Montesinos bloquearon la captura de Guzmán»
, sostuvo el alto mando policial.
Quien fuera el jefe del Equipo de Investigaciones Encubiertas e Inteligencia de la Dirección Contra el Terrorismo (Dincote), enfatizó que, de haberse permitido la captura en la fecha prevista, se pudo haber evitado la pérdida de miles de vidas durante los casi dos años que transcurrieron hasta la detención final de Guzmán el 12 de septiembre de 1992.
Inteligencia y seguimiento en Lima
De acuerdo con el relato del exjefe policial, esta unidad especializada se conformó en 1988 durante la gestión de Alan García, recibiendo el apoyo estratégico de la Embajada de Estados Unidos. En ese periodo, la guerrilla maoísta había expandido su radio de violencia desde las zonas rurales hacia la capital, Lima.
Las labores de inteligencia permitieron ubicar con exactitud el escondite de Guzmán en la calle Buenavista 265, en el distrito de Santiago de Surco. La ubicación llamó la atención de las autoridades ya que se encontraba a escasos 400 metros de la Comandancia General del Ejército. La confirmación de su presencia se obtuvo mediante interceptaciones de llamadas y análisis grafológicos de documentos hallados en la basura del domicilio.
A pesar de la contundencia de las pruebas, diversos mandos de la policía y el ejército detuvieron la incursión. El entonces director de la Policía Nacional, general Adolfo Cubas Escobedo —vinculado a Vladimiro Montesinos—, ordenó frenar el operativo indicando que se trataba de una «orden de Palacio de Gobierno».
Las consecuencias de la inacción
El teniente general Murazzo subrayó que la decisión política de Fujimori tuvo un costo humano devastador. Según su análisis, si el cabecilla terrorista hubiera sido arrestado en 1990, se habrían evitado los siguientes sucesos trágicos:
- El asesinato de la dirigente vecinal María Elena Moyano (15 de febrero de 1992).
- El sangriento atentado con coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores (16 de julio de 1992).
- La matanza de La Cantuta (18 de julio de 1992).
- La explosión de más de 50 vehículos bomba y el fallecimiento de aproximadamente 2.000 peruanos inocentes.
Cifras del conflicto y destino de los implicados
Datos de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación estiman que el conflicto interno en el país dejó cerca de 70.000 fallecidos y más de 20.000 desaparecidos entre 1980 y el año 2000. Actualmente, la justicia peruana mantiene más de 600 casos pendientes relacionados con estas violaciones de Derechos Humanos.
Alberto Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 tras cumplir condenas por crímenes de lesa humanidad y esterilizaciones forzadas. Por otro lado, su asesor Vladimiro Montesinos, quien huyó a Venezuela pero fue capturado en 2001, cumple una pena de 25 años de prisión en el centro de reclusión naval de El Callao por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Fuente: Fuente