El oficial retirado del Ejército de Venezuela, Antonio María Guevara Fernández, ha presentado una controvertida tesis denominada la “octava nacionalidad”. Durante una reciente ponencia en la École Centrale Lyon, ubicada en el campus de Écully (Francia), el coronel analizó la Operación Resolución Absoluta, ejecutada el pasado 3 de enero de 2026. Para Guevara, este suceso representa más que un simple relevo de mando: es la confirmación de que el Estado-nación venezolano perdió su facultad de autorregulación, iniciando una
“transición tutelada”
comparable a la reconstrucción de Japón tras 1945.
En su exposición, el militar calificó la intervención como una maniobra “de precisión” llevada a cabo por unidades militares de Estados Unidos, la cual fue antecedida por un riguroso cerco aeronaval. Dicho operativo culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados para enfrentar cargos judiciales por narcoterrorismo, marcando lo que él define como el inicio de la “octava nacionalidad”.
Según su planteamiento, Venezuela se encontraría en un proceso de reconstrucción de sus instituciones bajo la supervisión de una potencia extranjera. Este modelo contaría con una “dualidad operativa”: la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez gestionaría las funciones ejecutivas esenciales para la operatividad mínima del Estado, mientras que la conducción estratégica sería responsabilidad de un protectorado estadounidense, personificado en la figura del presidente Donald Trump.
El coronel en retiro advirtió que, aunque “algunos sectores de la sociedad están suspirando por la conversión en el estado de la unión número 51”, desde una óptica estratégica esta “octava nacionalidad” simboliza “la admisión de un fracaso sistémico”. Guevara sostiene que no se trata de una simple pérdida de soberanía,
“sino de la intervención quirúrgica sobre un ‘Estado fallido’ para restaurar el imperio de la ley”
.
A su juicio, ante la “incapacidad del sector opositor de convertirse en opción”, el protectorado de Washington funcionaría como una garantía para evitar que el territorio sea un vacío institucional aprovechado por mafias criminales. Además, serviría como la ruta para establecer un proceso electoral legítimo que encauce un cambio político real y la consolidación de la democracia y el Estado de derecho.
Antecedentes de un Estado forajido
El coronel Guevara Fernández argumenta que “el siglo XIX comenzó con un colapso institucional en la metrópoli que forzó un cambio de identidad impuesto”. Relata que la Abdicación de Bayona en 1808 fue un quiebre histórico: al entregarse los derechos de la corona a Napoleón Bonaparte, la provincia de Venezuela pasó a estar, legalmente, bajo una “quinta nacionalidad” de origen francés.
Recordó cómo las dirigencias locales utilizaron la defensa de Fernando VII para iniciar el alzamiento el 19 de abril de 1810, que concluyó con la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811. Tras la batalla de Carabobo en 1821, el país transitó por una “sexta nacionalidad”, la de la Gran Colombia en 1819, dando paso luego a la “séptima nacionalidad” con la Venezuela independiente de 1830.
“Pese a la victoria militar, el reconocimiento diplomático de España no llegó sino hasta 1845, evidenciando la fragilidad de la nueva soberanía”
, resaltó el oficial.
Durante gran parte del siglo XIX, Venezuela fue una sociedad agraria “dominada por el caudillismo y gobiernos militares”. La falta de instituciones sólidas generó guerras civiles crónicas que solo se detuvieron con el surgimiento de un nuevo eje económico en 1914, cuando el modelo rural mutó a un “Estado petrolero”. El coronel sostiene que este hallazgo “alteró el ADN sociológico” del país, facilitando la construcción de un Estado moderno pero también de una autocracia rentista.
Tras el ciclo de estabilidad democrática entre 1958 y 1998, la llegada de la Revolución Bolivariana bajo Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, radicalizó el manejo de los hidrocarburos. El crudo fue transformado en un arma de geopolítica para exportar el socialismo del siglo XXI a nivel global. El exoficial, quien es especialista en Operaciones e Inteligencia (OPSIC), asegura que “Venezuela sufrió una degradación institucional hasta convertirse en un ‘Estado forajido’ o conglomerado criminal”, donde las estructuras estatales fueron infiltradas por el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
El territorio como zona de santuario
Para Antonio Guevara, el sistema bolivariano se separó de los valores occidentales y la democracia liberal, forjando alianzas con un eje de autocracias compuesto por Cuba, Nicaragua, Irán, China, Rusia y Corea del Norte, además de nexos con el ELN y las FARC en la frontera colombiana. “Los expedientes por crímenes de lesa humanidad y represión a la oposición democrática (…) convirtieron a Venezuela en un foco de inestabilidad regional”, señaló, destacando el éxodo de 8 millones de venezolanos.
El análisis también incluye el impacto del desconocimiento de la voluntad popular el 28 de julio de 2024, donde resultó ganador Edmundo González Urrutia, lo cual aisló totalmente al país. 
Esta situación, sumada al uso del territorio como refugio para actores del terrorismo internacional, hizo que el país fuera visto como una “amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, justificando el cerco iniciado en agosto de 2025 y la posterior incursión militar de 2026.
Recursos naturales y destino político
Guevara sostiene que, en 528 años de historia, la soberanía venezolana ha estado condicionada por el control de sus riquezas: especias, oro y petróleo han dictado su relación con el mundo. Por ello afirma que
“la recurrencia de la intervención externa, desde la cesión a los Welser en el siglo XVI hasta el protectorado norteamericano que se inicia el 3 de enero de 2026, subraya una vulnerabilidad histórica vinculada a la renta de la tierra”
. Se refirió así a la familia Welser, banqueros alemanes liderados por Bartolomé Welser “El Viejo”, que operaron en el país entre 1525 y 1546.
Finalmente, el oficial insiste en que el reto sociológico de la Venezuela post-2026 es romper con esta inercia de cinco siglos. Para construir una identidad que no dependa de la tutela externa ni de la explotación de recursos primarios, se requiere una reforma profunda del pacto social. 
Solo reconociendo las “ocho nacionalidades” y superando el modelo rentista, el país podrá alcanzar una soberanía basada en instituciones reales. “Mientras eso no ocurra, todas las órdenes proceden desde Washington”, concluyó.
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