La organización civil Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó como un hito histórico la reciente determinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicha medida consiste en la activación del Artículo 34 para demandar la intervención directa de la Asamblea General frente a la problemática de las desapariciones forzadas en territorio mexicano.
Del mismo modo, la entidad defensora de derechos humanos manifestó su pesar ante la reacción del Gobierno de México, el cual desestimó las conclusiones del organismo internacional alegando que el reporte contenía información de carácter “tendencioso”.
“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones”
El Centro Prodh enfatizó, a través de sus canales digitales, que las estrategias de la actual administración no hacen más que repetir los patrones de conducta de gobiernos pasados. En su pronunciamiento oficial, la organización fue enfática al señalar la gravedad del diagnóstico internacional.
“Hoy nos encontramos ante la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones, a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”
Señalamientos de crímenes de lesa humanidad por parte de la ONU
La resolución del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de poner en marcha el Artículo 34 de la Convención Internacional representa una señal de alarma máxima en el escrutinio global sobre la situación en México.
Según el organismo, existen bases sólidas para sospechar que en el país se han perpetrado crímenes de lesa humanidad. Esta acción administrativa pretende que la Asamblea General de la ONU asuma el conocimiento formal de la emergencia, buscando así la movilización de asistencia internacional ante la gravedad y el carácter sistemático de las agresiones sufridas por la población civil.
El Comité CED ha detectado que México padece ataques con estructuras recurrentes en múltiples zonas geográficas. En estas áreas, las autoridades se ven superadas por la magnitud de la crisis, incluso tras la aplicación de diversas normativas y planes operativos de respuesta.
El documento oficial destaca la inexistencia de avances significativos, a pesar de las gestiones recientes impulsadas por las autoridades mexicanas. Asimismo, se advierte que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas presenta deficiencias críticas, ya que no logra diferenciar con exactitud los casos que corresponden formalmente a “desapariciones forzadas”, lo que dificulta conocer la dimensión real de la problemática.
Ante los argumentos del Estado mexicano, que sostiene que la mayoría de estos delitos son cometidos por estructuras delictivas y no por agentes estatales, el Comité de la ONU reafirmó su postura basándose en evidencias recopiladas durante su inspección al país en el año 2021, además de informes de fuentes autónomas. Finalmente, el organismo internacional aclaró que, aunque no se detectó una directriz política explícita del gobierno federal para desaparecer personas, esto no exime a los hechos de ser tipificados como crímenes de lesa humanidad bajo los estándares del derecho internacional.
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