Marco Flores: Si el Gobierno quiere valorar a precios internacionales todos los combustibles importados y nacionales eso se denomina costo de oportunidad, no subsidios

En entrevista con KCH FM y KCH TV, dialogó el Econ. Marco Flores, ex ministro de Economía y Finanzas, sobre la situación de las finanzas en Ecuador y las perspectivas económicas para el año 2024.

Flores explicó que, respecto a las expectativas para el 2024 en el campo económico, estas dependen directamente de lo que el Gobierno haga y deje de hacer. Hay un desfinanciamiento muy fuerte del presupuesto General del Estado para el año entrante. 

El Gobierno no ha dicho cuáles serán las medidas para surtir los ingresos permanentes necesarios que requiere el presupuesto para cubrir $10.000 millones de un presupuesto de $31.500 millones. Está desfinanciado aproximadamente más del 30% de este. Hay que tomar medidas económicas en el ámbito nacional que entreguen los recursos necesarios para que el Ministro de Finanzas no esté simplemente “tapando huecos” y cubriendo con “baches fiscales” el presupuesto del Estado, como ha hecho desde noviembre cuando encontró una caja fiscal destruida y en diciembre, sacando dinero de las instituciones públicas. 

En el evento de que se puedan pagar los sueldos de diciembre el problema se revertirá nuevamente a enero de 2024. Por ello se debe hacer un programa económico -que el Gobierno ya debió tener y haber difundido- para generar tranquilidad en la gente, recibir ayudas y críticas. Nada de eso ha ocurrido. Es evidente que el impacto sobre el crecimiento económico y la generación de empleo es directo.  

Para Flores, la generación de empleo no viene del lado de la oferta y menos de los llamados incentivos tributarios. Existe un problema serio de demanda que se contrae, el consumo de las familias según cifras del Banco Central se contrae y lo que se necesita es impulsar el consumo, la demanda en la coyuntura para que una vez que se reestablezca la economía se la pueda impulsar a través de los procesos de inversión. 

El presidente Noboa y el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, han dicho que bajarán $1.000 millones en gasto público, pero no han dicho en dónde lo van a bajar, ni en dónde producirán esta obra. “Entonces”, dijo Flores, “simplemente van a sacar empleados a la calle”. También seria gravísimo que lo poco que queda en inversión publica termine por ser destruida, tomar esos recursos ahogaría la economía. Ese no es el camino, eso lo que hace es profundizar la desgracia que se tiene en el crecimiento económico, en el desempleo y, por consecuencia, en el desfinanciamiento. 

El desfinanciamiento del presupuesto del Estado se produce por falta en el crecimiento suficiente de la economía. Esa es la causa porque los recursos se van sustancialmente al pago de la deuda de $80.400 millones.

En el año actual hay que pagar $7.600 millones del capital de intereses de la deuda; al próximo año serán $8.600 millones, al siguiente $9.600 millones y el subsiguiente sobre los $10.000 millones. 

“Este país no requiere más impuestos, está saturado de impuestos”, señaló Flores, “lo que requiere es colocarlos bien y mejorar, producir las acciones y medidas necesarias para que la economía se recupere. Bajo el punto de vista del Economista, esta no se recupera generando incentivos a las grandes empresas -que es lo que ha hecho la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que aprobó la Asamblea- puesto que en el pasado inmediato no han generado más empleo. “Hay que revisar las cifras del Ministerio de Producción”, indicó.

Existen $100.000 millones en gasto público. Este equivale a un 39% del Producto Interno Bruto (PIB). En los últimos 6 años la economía ha crecido medio punto anual.

En la Unión Europea, incluso la zona euro tiene un gasto público superior al 50% del PIB.

El problema sustantivo del sector público es la falta de eficiencia. La razón fundamental subyacente detrás de todas las penurias está en la parte del crecimiento económico sostenido en el tiempo suficiente. Las expresiones de ese desfinanciamiento son la elevada deuda pública. Lasso y Moreno pasaron la deuda pública del 39% que dejó Correa, al 67% del PIB, incrementaron 28 puntos porcentuales la deuda pública sin generar crecimiento económico.  

La deuda de Ecuador de $84.400 millones es una expresión de la mala economía, de ausencia de crecimiento económico, de haber exacerbado y vuelto más negativa la distribución del ingreso, y de generar una política económica de 7 años sin ninguna equidad. 

Quienes están pagando las mayores consecuencias son los 7 millones de pobres, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La pregunta es: ¿Qué va a hacer Noboa para cambiar esto?

“En cuanto al subsidio a los combustibles yo no acepto el término de los ‘subsidios'”, mencionó Flores y dijo que escuchó al ministro de Economía decir que se irán $5.000 millones en subsidios a los combustibles. “Esto es categóricamente falso, yo me remito a datos del Banco Central”, comentó y explicó cuál es la diferencia entre los ingresos y egresos por comercialización interna de derivados importados, es decir, la diferencia entre el costo de los combustibles importados y el precio de venta local.

  • En 2021 la diferencia fue de $957 millones.
  • En 2022, cuando subió substancialmente el precio del petróleo esa diferencia se duplicó, siendo de $2.817 millones. 
  • En 2023, hasta octubre, la diferencia fue de $1.910 millones.

En ningún caso se ha llegado a $5.000 millones.

El Ecuador no solamente exporta petróleo, exporta derivados de los combustibles producidos localmente.

  • En 2021 la exportación de derivados de combustibles sumó $1.329 millones.
  • En 2022, llegó a $1.553 millones; mientras que en 2023 llegó a $1.090 millones.

Estas cifras son las que se deben tomar en cuenta para el subsidio pero deliberadamente no lo hacen. Según el exministro los neoliberales, para engañar y mentir a la gente, presentan un cuadro que valora la producción nacional a precio internacional y por eso llegan a la “cifra mágica” de $5.000 millones. 

“Si el Gobierno quiere valorar a precios internacionales todos los combustibles importados y nacionales eso se denomina costo de oportunidad, no subsidios”, puntualizó. Si eso quiere hacer el Gobierno -eliminar los subsidios- tiene que compensar a los sectores más pobres de la economía ecuatoriana.

Se ha escuchado hablar de la famosa “focalización de los combustibles” desde hace 30 años o más y nunca se ha hecho. “Creo que a pesar de la tecnología no existe una focalización lo suficientemente eficaz, eficiente y que sea hecha con equidad”, dijo Flores, “lo que quiera que haga el Gobierno respecto de focalizar y compensar debe llegar especialmente a la gente más pobre, a la ruralidad que son gravemente afectados”.

El problema actual de la economía ecuatoriana por su falta de crecimiento económico es que no genera empleo. El 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) está empapada por subempleo y desempleo.

Hay un enorme grupo de la población que está sufriendo graves penurias por pobreza, falta de recursos.

“No nos podemos olvidar que la economía es una ciencia que tiene reglas y principios morales y éticos”, Flores se planteó una pregunta: ¿Cómo es que aquí se plantea eliminar los subsidios por un lado y por otro lado conceder grandes beneficios tributarios a los sectores más pudientes del país? Los contratos firmados con las grandes empresas para que realicen inversión y generen más empleo significan $1.500 millones anuales de regalo. Hay que tener sentido de la correspondencia y equidad.

Flores comentó que si se quiere exigir un esfuerzo a una población que está gravemente afectada por la pobreza, falta de trabajo, primero hay que compensarla y segundo, hay que actuar con equidad frente al sector que está recibiendo grandes ayudas del estado. Esta ley que se acaba de aprobar es la multiplicación de esas ayudas a través de las llamadas zonas francas y las alianzas público privadas que lo que van a servir –porque nunca han generado mayor empleo en la historia del Ecuador- es para que no paguen impuestos y, evidentemente, para presentar una posibilidad cierta la privatización de los principales activos del estado en áreas de la telefonía, electricidad y servicios. 

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