La reducción del 28% en homicidios intencionales entre marzo de 2025 y marzo de 2026 refleja un cambio relevante en el panorama de seguridad, enmarcado en una tendencia sostenida a la baja que inició con un 8% en enero y un 10% en febrero.
Este comportamiento responde, según el ministro del Interior, John Reimberg, a una estrategia implementada desde inicios de año, centrada en debilitar la estructura financiera o económica de las organizaciones delictivas.
La economía criminal es la clave
El enfoque gubernamental ha dejado en segundo plano la captura exclusiva de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales para concentrarse en atacar la denominada “economía criminal”, es decir, las actividades que financian a estos grupos como el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros.
La premisa es que al afectar sus ingresos se reduce su capacidad operativa, se generan fracturas y disputas.
En este contexto, señala que medidas como el toque de queda han sido herramientas complementarias dentro de una estrategia más amplia, cuyo eje principal es golpear las finanzas del crimen organizado.
Aunque persiste la preocupación ciudadana ante un posible repunte de la violencia, las autoridades sostienen que la intervención sobre la economía criminal es el factor determinante detrás de la reducción de los índices actuales.
En ese sentido, el 2025 habría estado marcado por la captura de líderes, mientras que el 2026 apunta directamente a sus finanzas.
Objetivo del toque de queda
Sin embargo, el impacto de estas acciones todavía genera debate. Aunque los homicidios han disminuido, no han llegado a cero, ni siquiera en las provincias donde se aplicó el toque de queda.
Reimberg justifica que el toque de queda no buscaba eliminar completamente los delitos en el corto plazo, sino facilitar operaciones para “destruir” estructuras criminales sin afectar a la población civil.
Durante una entrevista en Ecuavisa, el ministro comentó que en paralelo, otros delitos también muestran reducciones.
Las extorsiones y secuestros habrían caído en un 40%, una cifra significativa que refuerza la narrativa oficial. No obstante, el promedio diario de muertes violentas apenas pasó de 25 en 2025 a 24,1 en 2026.
Movilización de uniformados
El toque de queda, aplicado en cuatro provincias, permitió la movilización de 75 mil uniformados para intervenciones focalizadas. Estas acciones estuvieron dirigidas a desmantelar infraestructuras clave del crimen organizado, como centros de almacenamiento de armas y redes logísticas.
Aun así, persiste la duda sobre si estas medidas reducen el delito o simplemente lo desplazan en el tiempo y el territorio.
Hechos recientes alimentan esa preocupación. En sectores específicos se han registrado actos de sicariato repetidos en cuestión de días, lo que sugiere que ciertas zonas siguen siendo altamente vulnerables.
Esto plantea cuestionamientos sobre la eficacia de la prevención y el control territorial, incluso después de operativos intensivos.
En cuanto a la selección de provincias para el toque de queda, el Gobierno sostiene que no se basó únicamente en tasas de homicidios, sino en la identificación de economías criminales prioritarias. Esto explicaría por qué algunas zonas con altos índices de violencia no fueron incluidas en la medida inicial.
Faltan fuerzas de seguridad
A nivel operativo, también surgen desafíos importantes. La sostenibilidad de despliegues masivos de fuerzas de seguridad es limitada, especialmente en un contexto donde se reconoce la falta de personal.
Reimberg considera que hacen falta, al menos, 20.000 nuevos policías en los próximos años, lo que implica procesos de formación largos y una inversión sostenida.
A esto se suma un déficit histórico en equipamiento. Aunque se han entregado más de 500 vehículos y se prevé duplicar esa cifra, el ministros admite que las fuerzas del orden no contaban previamente con los recursos necesarios. La modernización incluye además herramientas tecnológicas para rastrear armas utilizadas en delitos, con el fin de mejorar la judicialización.
Finalmente, el proceso de depuración interna sigue siendo un punto crítico. En 2025 fueron separados más de 400 efectivos policiales, pero decisiones judiciales han permitido el reingreso de más de 600.
Operativos por feriado
Afirma que el reto institucional es fortalecer los mecanismos de control sin debilitar aún más a una fuerza que ya enfrenta limitaciones.
Con el feriado de Semana Santa, el Gobierno anuncia nuevos operativos en varias provincias. La apuesta sigue siendo la misma: sostener la presión sobre las economías criminales con la expectativa de que, a mediano plazo, esto se traduzca en una reducción más profunda de la violencia existente en el país.