En una declaración que ha captado la atención del panorama político y económico, el jurista y aspirante a la presidencia, Abelardo de la Espriella, denunció que el mandatario Gustavo Petro emitió órdenes que vulneran la Constitución al remover a Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, de la presidencia de la junta directiva del Banco de la República.
Según la postura de de la Espriella, esta determinación representa un
“golpe a la Constitución”
, haciendo referencia directa al artículo 372. Dicho apartado constitucional determina taxativamente que la labor de presidir la junta le corresponde al ministro de Hacienda, sin dejar espacio para la discrecionalidad por parte del poder Ejecutivo.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el abogado afirmó con contundencia que
“prevarican él y su ministro, y con ello desatan, desde el Gobierno, una acción subversiva ante la integridad constitucional del Estado”
. Para el candidato, las directrices de Petro constituyen un ataque frontal a las instituciones y una ruptura sin precedentes en la articulación de la política económica nacional.
Además, de la Espriella enfatizó que
“el Gobierno criminal que atropella la institucionalidad debe ser enfrentado con carácter y ardentía”
, resaltando la magnitud que esta acción tiene para la estabilidad del marco jurídico y político de Colombia.
Tensiones por la política monetaria
Este conflicto surgió en el marco de la segunda sesión de la junta directiva del Banco de la República realizada en el año 2026. En dicho encuentro, el organismo optó por incrementar la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, situándola en un 11,25 %.
El aspirante presidencial señaló que la intención de Petro de apartar al ministro de Hacienda tras este ajuste al alza no solo infringe la Carta Magna, sino que también arriesga la solvencia institucional y financiera de la nación. En sus palabras,
“los pueblos no son suicidas”
, al tiempo que advirtió sobre el peligro de permitir que una facción política, refiriéndose al uribismo, mantenga el dominio de la junta a través de supuestas maniobras gubernamentales.
En su análisis, de la Espriella recordó que la presencia del titular de Hacienda en este organismo no es una cuestión optativa, sino una obligación constitucional para asegurar que la política fiscal y la monetaria operen en conjunto.
“No se trata de una empresa privada ni hay discrecionalidad posible”
, aseveró el jurista, quien insistió en que la orden presidencial es una transgresión directa de la ley.
Para el abogado, este quiebre es una amenaza al núcleo de la identidad colombiana y exige que los diversos sectores sociales y políticos actúen con determinación para salvaguardar los cimientos del país.
Contexto económico y cifras de inflación
El candidato presidencial también vinculó esta controversia con las decisiones técnicas tomadas recientemente por el banco central. Explicó que la subida de tipos de interés busca frenar la inflación y asegurar el poder de compra de los ciudadanos, en un entorno donde el índice de precios marcó un 5,4 % en enero y un 5,3 % en febrero, con una meta proyectada de 6,3 % para el cierre de año.
De la Espriella sostuvo que, ante este panorama, el retiro del ministro crea un vacío en la estructura del Estado y establece un precedente negativo en la historia contemporánea del país. Destacó que si el Gobierno no tiene representación oficial en la junta, las resoluciones económicas podrían carecer de la legitimidad constitucional necesaria.
Finalmente, reiteró que la coyuntura actual demanda
“fuerza en las decisiones y convicción en los principios”
para evitar que la institucionalidad sea debilitada por intereses políticos de corto plazo. Estas declaraciones ocurren mientras el Gobierno nacional presiona por tasas de interés más bajas para incentivar el crédito y el crecimiento, en contraste con la postura restrictiva del Banco de la República que busca controlar el encarecimiento de la vida.
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