La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes 31 de marzo, recibió aportes de dos expertos internacionales en materia de derecho procesal y extradición, dentro del análisis del proyecto de Ley de Extradición, como paso previo a la sistematización de las observaciones expuestas en el Pleno de la Asamblea, a fin de redactar el informe para segundo debate.
En este contexto, Héctor Tapia, doctor en Derecho Internacional Público, subrayó que la extradición es una herramienta necesaria en un mundo globalizado, pues se trata de un mecanismo eficaz de cooperación internacional para combatir la impunidad. Recordó, además, que este proceso tiene un doble carácter: por un lado, es una medida que permite hacer efectivo el cumplimiento de la pena a la cual un ciudadano ha sido sentenciado; y, por otro, una medida preventiva con fines de investigación.
Añadió que es importante establecer una normativa sobre la base de la doble tipicidad en el caso de delitos económicos, así como en el caso de asesinato; es decir, que los delitos susceptibles de extradición deben estar tipificados tanto en el país requirente como en el país requerido.
Igualmente, señaló que cuando se trata de extradición en casos de delitos que se cometen dentro de un conflicto armado internacional, se activan las normas del derecho internacional humanitario; y, cuando se trata de hechos que se producen dentro de un conflicto armado no internacional, actúan las normas de derechos humanos. Todo esto debe estar debidamente estipulado en la ley, enfatizó.
Mientras tanto, José Félix Palomino, doctor en Derecho y Ciencia Política, desde Perú, sugirió que se ponga énfasis en los rasgos definitorios de la extradición, dentro de lo cual se debe considerar la condición del sujeto extraditable: si es nacional del país que lo requiere o si es extranjero; si ha recibido algún beneficio como amnistía o indulto; dejando fuera los delitos políticos o los casos en que el procesado sea objeto de algún tipo de discriminación.
Refirió que en el caso peruano existe un sistema de control concentrado, a través del Tribunal Constitucional, con la finalidad de precautelar un ejercicio judicial adecuado dentro de los procesos de extradición. Planteó que el análisis del proyecto de ley se sustente, también, sobre la base del derecho comparado, para conocer cómo se desarrollan estos procedimientos en otros países y adecuarlos a la realidad de Latinoamérica y a la de cada país que analiza una ley sobre la materia.
EG