La tensión institucional en Colombia se ha agudizado tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la mayoría de los miembros de la junta directiva del Banco de la República de velar por las ganancias de los tenedores de deuda pública en lugar de proteger el bienestar de la población.
De acuerdo con el mandatario, esta política monetaria traslada recursos del presupuesto nacional directamente hacia los beneficios de los banqueros, afectando colateralmente a sectores como los exportadores y los consumidores finales.
En su cuenta oficial de X, el presidente Petro fue enfático al señalar:
“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional Es una posición política de oposición”
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El jefe de Estado argumentó que la actual presión inflacionaria no deriva de un exceso de dinero circulando en la economía, sino del incremento en los precios de los alimentos. Bajo su visión, elevar las tasas de interés provoca una revalorización del peso colombiano que perjudica a quienes exportan y, al mismo tiempo, encarece el costo de la deuda, lo que podría conducir a un colapso fiscal en el país.
Petro profundizó en su análisis indicando lo siguiente:
“La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos. La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”
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Estas declaraciones evidencian un profundo quiebre con las determinaciones del banco central y sugieren una confrontación política inminente sobre la dirección económica, agravada por el retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de las mesas de discusión de la política monetaria nacional.
La postura del Banco de la República ante el incremento de tasas
Pese a las críticas presidenciales, la junta directiva del emisor resolvió incrementar la tasa de política monetaria en 100 puntos básicos, moviéndola de un 10,25% a un 11,25%. La votación interna reflejó posturas divididas: cuatro integrantes apoyaron el alza, dos votaron por una reducción de 50 puntos básicos y un miembro sugirió no realizar cambios. La entidad sostiene que la prioridad es frenar la inflación y salvaguardar el valor de la moneda.
El banco se apoya en datos recientes que muestran que la inflación al consumidor en enero y febrero alcanzó niveles del 5,4% y 5,3%, superando el cierre registrado en 2025, que fue del 5,1%. Asimismo, la inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos, subió de un 5,0% en diciembre a un 5,5% en los meses iniciales del presente año.
Ante los cuestionamientos gubernamentales, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la autonomía de la institución. Villar rechazó tajantemente que la Junta esté actuando a favor del sector financiero, afirmando que sus decisiones se basan en el cumplimiento estricto del mandato constitucional de estabilidad económica.
Villar también se refirió a la ausencia indefinida del ministro de Hacienda en las sesiones de la Junta, advirtiendo que su participación es una obligación legal:
“Evidentemente, cuando él dice que se retira de su asistencia a la junta del Banco de la República de manera indefinida, pues está incumpliendo mandato constitucional, legal (…) Por lo tanto, creo que puede conllevar implícitamente una propuesta, que no la conozco, de reforma a la constitución”
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El gerente negó que las altas tasas beneficien a los bancos, argumentando que el sector financiero fue precisamente uno de los más golpeados por los incrementos anteriores. Admitió que son medidas impopulares, pero necesarias para el bien común:
“Llegar a esa decisión fue algo difícil y doloroso para los miembros de la Junta. Sabemos que hay perjudicados, pero el beneficiado es la sociedad colombiana que va a ver, gracias a estas decisiones, una mayor estabilidad en la economía y la posibilidad de que la inflación no se dispare consecutivamente”
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Hacia el futuro, el panorama sigue siendo complejo con proyecciones de inflación del 6,3% para el cierre de 2026 y del 4,8% para 2027. Mientras tanto, en el mercado de deuda, las tasas implícitas se mantienen cerca del 7,0%. La ausencia del ministro Ávila en la rueda de prensa posterior a la reunión confirma la tensa relación entre el Ejecutivo y el organismo emisor en un contexto de incertidumbre global.
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