El máximo representante del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha manifestado su rotundo rechazo ante la reciente legislación ratificada por el Parlamento de Israel. Esta normativa establece la aplicación de la pena de muerte mediante el ahorcamiento y bajo condiciones de secreto por delitos vinculados al terrorismo. No obstante, la medida se enfoca estrictamente en la población de Palestina, dejando fuera a cualquier ciudadano israelí, un hecho que ha generado una ola de críticas globales por su naturaleza abiertamente discriminatoria.
A través de un pronunciamiento oficial, Sánchez calificó esta reforma legal como
«una medida asimétrica»
, subrayando que la misma
«no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos»
. Para el mandatario español, la situación se resume de forma contundente:
«Mismo crimen, distinta pena»
.
Un retroceso hacia la segregación
El líder del Ejecutivo español advirtió que lo aprobado en la Knesset (el Parlamento israelí) dista mucho de ser un acto de justicia. Por el contrario, Pedro Sánchez aseguró que este marco legal representa
«un paso más hacia el ‘apartheid'»
. Con este término, hizo alusión directa al régimen de segregación racial que imperó en Sudáfrica y Namibia durante el siglo XX. Ante esta coyuntura, el presidente enfatizó que
«el mundo no puede callar»
.
En esta misma línea, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó su condena hacia la denominada Ley de Pena de Muerte para Terroristas. Según Saiz, esta normativa
«menoscaba el derecho internacional»
. Durante su intervención tras la reunión del Consejo de Ministros, la funcionaria recalcó el compromiso de España frente a lo que describió como una «deriva radical», afirmando que:
«Vamos a estar siempre ahí en coherencia con estas decisiones que muestran una deriva radical, con la que vamos a estar siempre en la firme condena»
.
La Ley de Pena de Muerte para Terroristas, que recibió luz verde parlamentaria este lunes, ha provocado la reacción inmediata de diversas plataformas de Derechos Humanos, las cuales exigen su derogación inmediata. El texto legal estipula que la ejecución capital se realice por ahorcamiento y de forma oculta, pero aplicándose de manera exclusiva a individuos palestinos.
El Centro Palestino de Derechos Humanos es una de las entidades que ha alzado la voz, manifestando su
«condena en los términos más enérgicos»
. De acuerdo con la organización, este marco jurídico
«ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos»
.
Finalmente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina se sumó a las advertencias, indicando que esta nueva legislación profundiza la violación de la prohibición de la segregación racial. El organismo internacional alertó que la ley
«afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos»
.
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