Este lunes se confirmó el fallecimiento de Juan Maeso, el anestesista que recibió una histórica condena de 1.933 años de cárcel por ser el origen de un contagio masivo de hepatitis C en la ciudad de Valencia. La noticia de su deceso, ocurrido en un centro hospitalario, fue comunicada por su representante legal, Miguel Ferrer.
La cronología de este impactante caso sanitario se remonta a 1998. En aquel entonces, las autoridades detectaron un incremento alarmante e inusual de diagnósticos de hepatitis C en cuatro centros médicos valencianos: un establecimiento público y tres clínicas privadas. Tras las investigaciones pertinentes, se determinó que el médico era portador del virus y que su praxis fue la causa directa de la infección en un total de 275 pacientes.
A pesar de la magnitud de su sentencia, Juan Maeso cumplió efectivamente 15 años de reclusión tras las rejas. En marzo de 2023, el sistema judicial le otorgó la libertad condicional fundamentada en su delicado estado de salud, condición que se complicó progresivamente hasta el desenlace de su muerte este inicio de semana.
Un macrojuicio sin precedentes en Valencia
El proceso legal contra el anestesista inició formalmente en septiembre de 2005. El expediente del caso reflejaba la complejidad del asunto, superando los 22.000 folios de documentación. Debido al volumen de implicados, se tuvo que adecuar una estancia específica en la Ciudad de la Justicia de Valencia para llevar a cabo las audiencias del macrojuicio.
Durante las diligencias, el tribunal escuchó a una multitud de partes interesadas, incluyendo:
- 153 abogados y 114 procuradores involucrados en la causa.
- Más de 600 testigos, entre los que se encontraban los afectados, colegas médicos, directivos hospitalarios y funcionarios del Gobierno valenciano de la época.
Los peritos especializados en genética fueron determinantes al concluir que Maeso fue la “fuente única” de la transmisión del virus en los 275 diagnósticos analizados. El método de contagio consistía en que el facultativo se administraba una porción de las sustancias anestésicas destinadas a los enfermos, empleando la misma jeringuilla que luego utilizaba en los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas.
Finalmente, tras 17 meses de juicio, la Audiencia de Valencia dictó sentencia en 2007 imponiendo los 1.933 años de prisión. En cuanto a la reparación económica, la Generalitat debió desembolsar más de 20 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas, actuando como responsable civil subsidiaria ante la gravedad de los hechos.
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