En el ámbito legislativo de Argentina, el diputado nacional Máximo Kirchner, perteneciente al bloque Unión por la Patria, ha formalizado una propuesta de Declaración ante el Congreso Nacional. El objetivo principal de esta iniciativa es manifestar el beneplácito oficial tras el reciente dictamen emitido por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Dicho tribunal resolvió revocar la sentencia de primera instancia relacionada con la expropiación de la petrolera YPF, un hecho que el legislador califica como “el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital”, asegurando además que este resultado valida internacionalmente la soberanía del país sobre su principal empresa energética.
El documento presentado por Kirchner, con fecha del 27 de marzo de 2026, argumenta que la decisión judicial logró detener lo que él denomina una “extorsión financiera”. Según el comunicado, estas pretensiones económicas “pretendía hipotecar el futuro de las próximas generaciones de argentinos/as por un monto superior a los 16.100 millones de dólares”. El diputado subrayó la importancia de haber mantenido una estrategia legal coherente por parte del Estado y recordó el proceso de nacionalización de YPF en el año 2012, ejecutado durante el mandato de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
Soberanía hidrocarburífera y contrastes políticos
La propuesta parlamentaria define la toma de control de la petrolera como “la recuperación de la soberanía hidrocarburífera”. Asimismo, el texto establece una crítica comparativa entre la gestión actual de los litigios y las decisiones tomadas por administraciones previas. En los fundamentos se lee la siguiente comparativa: “Mientras que en 2026 celebramos un fallo favorable por resistir y agotar las instancias judiciales, en 2016 la administración de Mauricio Macri optó por un acuerdo apresurado”. Esto último hace referencia al desembolso de 9.300 millones de dólares destinados a los fondos buitres, lo cual Kirchner interpreta como una priorización del acceso a mercados financieros sobre la defensa de la inmunidad soberana.
El proyecto recalca que la revocatoria en Nueva York protege a la nación de un impacto fiscal estimado en más de 16.100 millones de dólares. Por tal motivo, el texto legislativo insta a una revisión profunda de la política de endeudamiento externo implementada anteriormente. Desde el bloque de Unión por la Patria, se atribuye la solidez de este éxito jurídico a “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
El impacto estratégico de Vaca Muerta
“La recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética. Como bien señala el análisis del caso, para el año 2011 la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”.
La normativa de la Ley 26.741 es citada como el pilar que declaró de interés público el suministro de hidrocarburos. Según el proyecto de Máximo Kirchner, el haber priorizado el derecho administrativo nacional frente a los reglamentos de sociedades privadas fue lo que permitió el crecimiento estratégico de Vaca Muerta. El legislador sostiene en sus fundamentos que: “Sin esa expropiación, la Argentina no sería una potencia energética emergente que es hoy, sino un rehén de dividendos girados al exterior”.
Adicionalmente, se destaca que las defensas del Estado han sostenido que los estatutos societarios no tienen jerarquía sobre la Constitución Nacional ni sobre el ordenamiento jurídico de un país. En un tono crítico hacia la conducción actual de la nación, Kirchner señala la contradicción de quienes celebran hoy este triunfo legal habiendo cuestionado la nacionalización en el pasado: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que solo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional que se venía sosteniendo”.
Comparativa con los fondos buitres y Burford Capital
El análisis jurídico presentado ante el Congreso resalta que los actos soberanos de un Estado, respaldados por leyes del Congreso Nacional, deben ser respetados por tribunales internacionales. Respecto a la gestión de Mauricio Macri, el proyecto enfatiza que el pago realizado en 2016 fue una “decisión ideológica y de ‘mercado’”, mientras que la postura ante YPF se define como una “decisión de ‘Estado’”.
Se cuestiona también el papel de la jueza Loretta Preska, cuya sentencia de 2023 es descrita en el proyecto como una medida de “asfixia financiera” y con motivaciones de carácter político. Finalmente, la iniciativa insiste en que el fallo de apelación detiene una maniobra que amenazaba el porvenir económico de las futuras generaciones.
En el cierre de la fundamentación, el texto asegura que el resultado judicial “es el triunfo de la razón jurídica sobre la especulación financiera de Burford Capital. Al expresar nuestro beneplácito, no solo festejamos un ahorro de miles de millones de dólares, sino que reivindicamos el derecho de la República Argentina a decidir sobre sus recursos naturales y su marco normativo interno sin tutelajes coloniales de tribunales extranjeros”.
La iniciativa cuenta con el respaldo y la firma de los diputados Lucía Cámpora, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Teresa García, Mario Manrique, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Vanesa Siley y Julia Strada.
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