La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el actual jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, ha tomado un nuevo impulso. El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado formalmente ante el juez federal Ariel Lijo la ejecución de siete medidas de prueba fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de los bienes del funcionario.
Origen de la investigación patrimonial
Este proceso legal se originó a raíz de la controversia generada por un viaje realizado por el funcionario hacia Punta del Este. En dicho traslado, Manuel Adorni estuvo acompañado por su núcleo familiar y por el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio. Según fuentes cercanas al ámbito judicial, este evento fue el detonante para que se pusiera bajo la lupa la evolución de sus activos financieros y propiedades.
Detalles de las diligencias solicitadas
El requerimiento presentado por Pollicita sostiene que existen motivos suficientes para profundizar en la conformación del patrimonio del jefe de ministros. Dentro del expediente que lidera el juez Ariel Lijo, la primera fase de estas diligencias consiste en el envío de oficios a los registros de la propiedad tanto de la Provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo principal es detectar cualquier inmueble que figure a nombre del imputado o de su cónyuge, Julieta Bettina Angeletti.
Además de los bienes raíces, la fiscalía ha extendido sus requerimientos a otras áreas de control patrimonial:
- Se ha solicitado información detallada a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para verificar la titularidad de cualquier vehículo motorizado.
- Se busca identificar quién figura como responsable del pago de expensas en una vivienda ubicada en el Country Indio Cuá Golf, situado en el partido de Exaltación de la Cruz.
- La justicia pretende constatar la existencia de cuotas sociales, pagos de carácter extraordinario o solicitudes de permisos de construcción vinculados a los investigados en dicho sector residencial.
Hasta este momento, se ha confirmado que el juez Ariel Lijo aún no ha emitido una resolución oficial aceptando o rechazando las medidas propuestas por el fiscal Pollicita. La causa se mantiene en una etapa de recolección de evidencia técnica para determinar si existe una inconsistencia en los activos declarados por el funcionario público.
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