Una proporción casi unánime de la población en Perú sostiene que el andamiaje político del país requiere una transformación inmediata. Según los datos más recientes proporcionados por el Barómetro de las Américas, un contundente 93% de la ciudadanía reclama modificaciones en la estructura estatal. Este descontento se divide entre un 27% que exige una reforma total y un 66% que considera necesarios cambios significativos.
El informe, que analiza las percepciones políticas en el continente cada dos años, indica que el respaldo a la democracia en territorio peruano se sitúa en un 50%. Esta estadística coloca a la nación por debajo de la media histórica registrada en América Latina. Los resultados de la ronda 2025/26, desarrollados con la colaboración de Lapop Lab, el Centro por la Democracia Global y el Instituto Kellogg, exponen una profunda insatisfacción: apenas el 20% de los encuestados percibe que las autoridades muestran interés genuino por las demandas ciudadanas.
En cuanto a la legitimidad del sistema electoral, solo el 17% de los habitantes manifiesta tener confianza en los procesos de votación. No obstante, existe un consenso democrático relevante, ya que el 82% de los consultados defiende que los resultados de las urnas deben ser respetados sin importar el signo político del ganador. El estudio también subraya una crisis de desconfianza interpersonal e institucional que se ha vuelto crónica en las últimas mediciones.
Percepción de corrupción en la clase política
La visión que la ciudadanía tiene de sus representantes es sumamente crítica. El documento detalla que el 82% de los peruanos está convencido de que la mitad o la totalidad de los políticos están inmersos en actos de corrupción. A esto se suma que un 76% sospecha que diversos actores políticos cuentan con financiamiento proveniente de organizaciones criminales. Este clima de sospecha generalizada es el motor que impulsa la demanda de una reestructuración integral del sistema.
Durante la presentación de estos hallazgos, Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Julio Carrión, catedrático de la Universidad de Delaware, enfatizaron cómo estas cifras ponen en riesgo la estabilidad del país. En el debate también participaron Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio, y el investigador Rodrigo Gil del IEP.
La inseguridad: el desafío más crítico para la ciudadanía
El sentimiento de vulnerabilidad ha alcanzado niveles históricos. Por primera vez en las dos décadas de historia del Barómetro, el 57% de los ciudadanos señala a la inseguridad como el problema primordial de la nación. La realidad detrás de estas cifras es alarmante: el 34% de los participantes declaró haber sido víctima directa de un hecho delictivo, mientras que el 60% de la población vive con el temor constante a ser asaltado en su propia comunidad.
El levantamiento de información para esta investigación se realizó entre el 13 de octubre y el 19 de diciembre de 2025, abarcando todo el territorio peruano. Se contó con una muestra de 1.048 personas y un margen de error calculado en ±3,02%. El despliegue logístico y técnico fue posible gracias al trabajo conjunto del Instituto de Estudios Peruanos y el Instituto Bicentenario.
Respaldo institucional y metodología del estudio
La coordinación regional del Barómetro de las Américas recae sobre Lapop Lab y el Centro por la Democracia Global, con el soporte del Instituto Kellogg. En el ámbito local, la ejecución técnica de las encuestas en Perú fue responsabilidad del IEP y el Instituto Bicentenario, organismos que avalan la rigurosidad y representatividad de los datos presentados.
En conclusión, el reporte ratifica que, pese al escepticismo frente a las instituciones y los líderes políticos, la sociedad peruana aún guarda una valoración por el sistema democrático, aunque condicionada a la implementación de reformas profundas que logren mitigar la crisis de seguridad y la penetración de la corrupción en el Estado.
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