La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a los integrantes de la Veeduría Ciudadana, quienes comparecieron este miércoles para explicar el contenido del informe técnico sobre los temas relacionados con el pronunciamiento en la Consulta Popular de 2023, que prohíbe la actividad minera en el Chocó Andino y dispone conservar indefinidamente bajo tierra el crudo del bloque 43 de los campos ITT del Yasuní.
En este contexto, los delegados recomendaron que se cumpla integralmente la sentencia de la Corte Constitucional, la cual establece el retiro progresivo y ordenado de las actividades extractivas.
En otro punto, la mesa legislativa resolvió iniciar un proceso de fiscalización y seguimiento sobre los procedimientos de delegación, adjudicación y modelos de gestión del bloque 60, Campo Sacha, correspondiente al periodo 2024-2026, así como la adecuación de futuras concesiones a los estándares internacionales de inversión.
También se solicitará al Ministerio de Energía y Minas información sobre el proceso de adjudicación y la planificación operativa para 2026; al Ministerio de Producción, un análisis sobre los compromisos internacionales en la asignación de recursos energéticos; y a EP Petroecuador, detalles sobre su capacidad técnica e inversión prevista.
La Comisión presentará un informe al Pleno de la Asamblea Nacional con recomendaciones para proteger el patrimonio hidrocarburífero y asegurar una gestión transparente.