La Comisión de Relaciones Internacionales recibió a la abogada Martha Díaz, quien presentó aportes técnicos al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva.
Durante su intervención, Díaz destacó la importancia de regular la situación de los ecuatorianos en procesos de retorno, aunque advirtió que la propuesta de reforma presenta vacíos conceptuales y riesgos jurídicos que deben ser corregidos para evitar afectaciones a derechos ya garantizados.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en la falta de una definición clara de “deportación masiva”. Señaló que el proyecto no establece parámetros concretos, como número de personas o periodo de tiempo lo que genera ambigüedad y dificulta su aplicación.
En ese sentido, recordó que la normativa vigente ya contempla el concepto de “retorno forzado”, figura que permite proteger a los ecuatorianos que deben regresar al país por decisión de una autoridad extranjera, sin necesidad de crear una nueva categoría imprecisa.
Asimismo, explicó que la iniciativa presenta inconsistencias dentro de la propia Ley de Movilidad Humana. En particular, indicó que se pretende incluir como población vulnerable a personas que ya han retornado al Ecuador dentro de un artículo que regula la protección de ecuatorianos en el exterior, lo que desnaturaliza el alcance de la norma y duplica disposiciones existentes que ya reconocen su condición de vulnerabilidad.
También alertó que la reforma podría eliminar protecciones vigentes. Según expuso, al modificar disposiciones actuales se dejaría fuera a personas en procesos de expulsión u otras formas de retorno forzado que no necesariamente sean masivas, reduciendo el alcance de la protección estatal y excluyendo casos que actualmente están cubiertos por la ley.
Subrayó que, más allá de crear nuevas figuras, el debate debe enfocarse en vacíos reales que afectan a los migrantes retornados, como la falta de mecanismos ágiles para la validación de títulos obtenidos en el extranjero. En esa línea, propuso fortalecer el rol de los consulados para facilitar trámites, brindar asistencia en la obtención de documentos, ofrecer servicios de traducción y orientar a los ciudadanos, especialmente a quienes retornan en condiciones de vulnerabilidad.
Por último, enfatizó que la reforma debe priorizar soluciones prácticas y coherentes con el marco legal vigente, evitando duplicidades y garantizando una protección integral para todos los ecuatorianos en situación de movilidad humana.
MEV