El panorama del intercambio mercantil global experimentó una transformación irreversible el 1 de enero de 2026. No se trató únicamente de una modificación en los trámites burocráticos, sino de la activación plena del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea (CBAM). Con esta normativa, se consolida un principio económico que se había gestado durante años: el contenido de carbono de los productos que atraviesan fronteras internacionales ahora conlleva un costo financiero directo. Para las naciones de América Latina, cuyas estructuras económicas dependen fuertemente de la comercialización de materias primas y manufacturas básicas, las repercusiones apenas comienzan a manifestarse.
La estructura del nuevo gravamen ambiental
El sistema CBAM impone a los importadores en territorio europeo la obligación de adquirir certificados de emisiones para cubrir la huella de carbono de bienes específicos como el aluminio, acero, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. El valor de estos certificados está directamente vinculado a las fluctuaciones del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS), el cual ha registrado precios que oscilan entre los 60 y 80 euros por tonelada. Según informes de la Comisión Europea, durante la primera semana de vigencia del mecanismo se validaron más de 10.400 declaraciones aduaneras, involucrando un volumen de 1,65 millones de toneladas de mercancías. La maquinaria regulatoria ya se encuentra plenamente operativa.
Vulnerabilidades en el contexto latinoamericano
Datos del Foro Económico Mundial indican que cerca del 23% de las emisiones contaminantes a nivel global están vinculadas al comercio internacional, con las economías que integran el G20 concentrando el 80% de dicho flujo. Latinoamérica participa en este escenario de forma asimétrica; la región es una exportadora neta de productos con alta intensidad de carbono provenientes de la minería, la siderurgia y la industria agroquímica. Sin embargo, carece de mecanismos regionales propios o de sistemas de comercio de emisiones lo suficientemente robustos para que sus exportadores obtengan descuentos frente a las exigencias en las fronteras europeas.
Actualmente, el panorama regional es heterogéneo pero insuficiente frente a las nuevas demandas globales:
- Brasil se encuentra en el proceso de construcción de un mercado de carbono.
- México mantiene un programa piloto con alcance limitado.
- Chile aplica un impuesto al carbono de 5 dólares por tonelada, una cifra mínima comparada con los niveles de Europa.
- Perú, Colombia y Argentina aún no implementan instrumentos de precio de carbono aplicables a sus sectores industriales de exportación.
Esta brecha regulatoria representa una vulnerabilidad comercial crítica, ya que cada tonelada de producto que sale de la región hacia el Viejo Continente sin un precio de carbono local acreditable debe asumir el costo total de la tasa europea.
Hacia un estándar comercial global
El escenario se complica al considerar que Europa no será el único actor en implementar estas medidas. El Reino Unido tiene programada la introducción de su propio CBAM para el 1 de enero de 2027. Por su parte, Australia ha sugerido mecanismos similares para el cemento, mientras que naciones como Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur se encuentran en diversas etapas de diseño normativo. Estas economías, que exploran o ya ejecutan dichos mecanismos, representan aproximadamente el 60% de la economía mundial, de acuerdo con organizaciones internacionales de investigación.
Para los países latinoamericanos, esto significa que sus principales destinos de exportación condicionarán el acceso a mercado según el contenido de carbono de los bienes. No se trata de un fenómeno aislado, sino de un bloque regulatorio que cubrirá la mayor parte de la demanda de productos industriales básicos en el mundo.
Geopolítica, fletes y transición energética
La unión entre el comercio y el clima presenta otra faceta relevante relacionada con el transporte. En octubre de 2025, la administración de Donald Trump emitió advertencias sobre posibles aranceles y sanciones contra países que respaldaran el Net-Zero Framework de la Organización Marítima Internacional, que busca establecer el primer precio global de carbono para el transporte marítimo. Aunque la decisión se postergó, para América Latina el resultado es vital: si este marco entra en vigor, el costo de los fletes marítimos incorporará el factor carbono, impactando la competitividad regional.
Por otro lado, las políticas arancelarias de Estados Unidos, que incluyen impuestos de hasta el 100% a vehículos eléctricos chinos y del 50% a celdas solares, están desviando el flujo de tecnología limpia hacia el sur. En 2023, el 44% del valor de las exportaciones chinas de paneles solares se destinó a países en desarrollo. Si bien esto abarata el acceso a tecnología para la transición energética en la región, también sitúa a los países latinos en medio de una disputa comercial que altera el ritmo y los costos de su propia transformación industrial.
El legado de Belém y la COP30
La COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, marcó un punto de quiebre histórico al integrar formalmente la temática comercial en la agenda climática multilateral. Bajo la presidencia de Brasil, se lanzó el Foro Integrado sobre Cambio Climático y Comercio. Economías emergentes como India, Sudáfrica y China presionaron para que se discutan las
“medidas comerciales unilaterales”
, logrando la creación de un espacio de diálogo anual sin precedentes. Para la región, este evento dejó claro que la agenda climática ahora define el acceso a mercados y las reglas de competitividad global.
Fortalezas y desafíos pendientes para LATAM
A pesar de los retos, América Latina posee una ventaja diferenciadora: sus matrices energéticas con alta participación de fuentes renovables. Países como Uruguay, Brasil, Costa Rica, Chile y Colombia cuentan con matrices eléctricas donde más del 60% es energía renovable. Este factor puede ser un motor de competitividad frente a proveedores de Medio Oriente o Asia, cuyas industrias suelen ser más dependientes del carbón.
Sin embargo, para que esta ventaja se traduzca en beneficios económicos, es indispensable desarrollar infraestructura de medición y reporte. Sin datos verificados que cumplan con los estándares internacionales, los exportadores latinoamericanos enfrentarán valores punitivos por defecto. Los gobiernos que ignoren la creación de instrumentos domésticos de precio de carbono permitirán, en la práctica, que esos recursos terminen siendo recaudados por las haciendas de Londres o Bruselas. La convergencia entre el clima y el comercio es ya una realidad operativa que premiará a quienes logren anticiparse.
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