El pasado lunes 23 de septiembre de 2025, el Grupo Egmont determinó suspender el acceso de Colombia a su plataforma de cooperación global. Esta organización, conformada por 177 naciones dedicadas al intercambio de inteligencia financiera, tomó la medida luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera públicos pormenores de una indagación confidencial sobre la compra y el empleo del sistema de espionaje Pegasus.
La entidad internacional fundamentó su determinación en la difusión no autorizada de datos vinculados al presunto uso de dicha tecnología durante el mandato del exjefe de Estado Iván Duque. Ante la notificación del castigo, Petro utilizó su cuenta en la red social X para señalar que esta acción representa una “estrategia para tapar Pegasus”, acusando a la red de sancionarlo por dar a conocer la realidad del caso.
“Egmont nos sanciona transitoriamente porque revelamos la verdad de Pegasus. Es decir, porque un gobierno compró ilegalmente con lavado de activos Pegasus y con él, interceptó ilegalmente para asesinar jóvenes en el estallido social”
A través de la mencionada plataforma, el actual mandatario colombiano cuestionó duramente a sus detractores internos, asegurando que “no les importan los jóvenes asesinados, nunca les importaron (sic)”. El presidente defendió su postura alegando que la transparencia sobre el manejo de fondos públicos y la seguridad nacional deben primar en su gestión.
En su argumentación, Gustavo Petro añadió lo siguiente:
“Es el costo de la verdad. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí IMPA, que por la ley colombiana de inteligencia y en defensa de los derechos humanos desclasifiqué, efectivamente muestra días, forma y banco donde se consignaron 11 millones de dólares para comprar el software “Pegasus” de interceptación de comunicaciones por parte de la DIPOL de Colombia en el gobierno de Duque”
La estrategia jurídica para el retorno a la red internacional
Tras un periodo de seis meses desde el incidente, el Ministerio de Hacienda, bajo la conducción de Germán Ávila Plazas, ha presentado un borrador de decreto con el firme objetivo de reintegrar al país a la red Egmont. El documento busca establecer protocolos más rigurosos para la gestión de la información recibida de otras Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
La normativa propuesta contempla la adición de artículos específicos al Decreto 1068 de 2015. El artículo 2.14.8 estipula que los datos que la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) reciba de sus pares internacionales serán entregados “única y exclusivamente al receptor y/o autoridad autorizada por la UIF remitente”, garantizando así la cadena de custodia de la inteligencia financiera.
El nuevo marco legal establece que cualquier intercambio de información será gestionado por la UIAF, la cual asumirá la responsabilidad total de autorizar los procedimientos. Bajo el artículo 2.14.9, se especifica que en situaciones que involucren la seguridad nacional, la defensa de los Derechos Humanos o el cumplimiento de la Ley 1621 de 2013, se deberá realizar una consulta previa y fundamentada a la entidad extranjera que suministró los datos antes de compartirlos con otros receptores.
Finalmente, el Gobierno Nacional ratifica que el flujo informativo deberá regirse bajo los siguientes pilares:
- Confidencialidad absoluta de la inteligencia financiera.
- Autorización previa del remitente para cualquier uso secundario.
- Uso restringido de los datos suministrados.
- Cooperación internacional basada en la confianza mutua.
Mediante el artículo 2.14.10, la UIAF queda obligada a asegurar que todo el tratamiento de la información cumpla estrictamente con la legislación nacional vigente y los estándares internacionales para evitar nuevas desclasificaciones que pongan en riesgo la permanencia de Colombia en estos organismos de control global.
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