El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha manifestado una postura crítica frente a la designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como máximo representante de la Fiscalía de la Nación. La organización gremial alertó que este proceso genera una honda preocupación dentro del sistema de justicia peruano, señalando que la elección ocurrió bajo circunstancias atípicas donde los candidatos principales arrastraban investigaciones pendientes.
Según el comunicado emitido por el gremio, resulta alarmante que las opciones para el cargo se limitaran a figuras con cuestionamientos éticos y legales. “Resulta preocupante que las candidaturas recayeran en fiscales supremos con serios cuestionamientos legales”, precisó el CAL, subrayando que esta situación carece de antecedentes en la historia contemporánea del Ministerio Público.
Esta postura hace referencia directa a los perfiles de los postulantes, entre ellos Patricia Benavides, quien fue destituida y enfrenta pesquisas por el denominado caso Valkiria, y Luis Arce, relacionado con la red de Los Cuellos Blancos.
Además, el CAL cuestionó severamente el escenario en el que se gestó este cambio de mando, tras la salida de la exfiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela. Para el gremio, su apartamiento del cargo fue una medida “ilegal, arbitraria e inconstitucional”, la cual se suma a una serie de acciones que atentan contra la estabilidad de los organismos del Estado.
En este sentido, la institución advirtió sobre un posible manejo político de los procesos disciplinarios. “Rechazamos la instrumentalización y el eventual abuso de poder”, sostiene el texto oficial. El gremio hizo un llamado urgente a los organismos pertinentes para asegurar la autonomía de jueces y fiscales, en un momento que calificaron como crítico para la democracia.
“Exhortamos a las autoridades a que se restablezca plenamente el Estado de Derecho, se respete la independencia y autonomía de las instituciones y se garantice el ejercicio libre de la magistratura, sin presiones ni represalias que incidan en la independencia, permanencia y estabilidad en el cargo de magistrados probos y reconocidos por la sociedad. Solo así será posible preservar y recomponer nuestra actualmente debilitada democracia»
Ratificación y calendario de asunción
Pese a la ola de críticas y las manifestaciones en contra, la oficialización de Tomás Gálvez como Fiscal de la Nación para el periodo comprendido entre 2026 y 2029 es un hecho. La resolución correspondiente fue publicada en el diario oficial El Peruano, luego de concluirse el proceso de votación interna entre los fiscales supremos.
Dicha elección se efectuó el pasado 23 de marzo durante una sesión de carácter extraordinario y se resolvió mediante voto secreto. Gálvez, quien ya lideraba la institución de forma interina desde septiembre de 2025, logró consolidar su posición como titular por decisión de la mayoría. El cronograma oficial establece que asumirá sus funciones formalmente con el acto de juramentación, previsto para el 27 de marzo.
Su llegada definitiva a la jefatura se produce tras la salida irreversible de Espinoza, luego de que la Junta Nacional de Justicia ratificara su salida y desestimara los mecanismos legales que buscaban frenar su destitución.
Historial y controversias legales de Tomás Gálvez
La designación de Gálvez no está exenta de polémica debido a los procesos judiciales en los que se ha visto involucrado anteriormente. Su nombre figuró en el expediente de “Cuellos Blancos del Puerto”, uno de los casos de corrupción más graves en la justicia del país. Si bien la Fiscalía impulsó cargos en su contra, el Congreso de la República optó por archivar las denuncias.
De igual forma, fue señalado por supuestos vínculos con la organización delictiva “Los Gánsteres de la Política”, un proceso que tampoco prosperó en el ámbito legislativo. A pesar de estos señalamientos, el magistrado permaneció en la estructura del Ministerio Público hasta alcanzar la titularidad, lo que para diversos analistas refleja la influencia de las decisiones políticas en la cúpula judicial.
Transformaciones institucionales bajo su mando
En su etapa como fiscal interino, Gálvez implementó reformas que causaron un fuerte impacto interno. La decisión más polémica fue la disolución de varios grupos especializados de investigación, entre los que se encontraban los equipos para los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y las indagaciones sobre los fallecimientos durante las protestas sociales en el país.
El ahora fiscal titular justificó estas acciones bajo la premisa de “unificar la estrategia de persecución penal” y optimizar la operatividad fiscal. No obstante, especialistas advierten que estos cambios podrían afectar el avance de casos de alta complejidad. La reorganización ha derivado en el traslado de expedientes y la rotación de personal hacia otras áreas, marcando el inicio de una gestión bajo vigilancia ciudadana y gremial.
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