Durante varios decenios, los conceptos de legalidad y legitimidad caminaron por senderos cercanos. Mientras que la primera proporcionaba una estructura de previsibilidad, la segunda aportaba el sustento ético y el respaldo de la comunidad. No obstante, en el periodo reciente, ambos pilares han comenzado a separarse de forma alarmante. Nos encontramos ante un panorama donde diversas acciones respaldadas por la ley resultan dudosas desde una perspectiva ética, mientras que ciertos comportamientos avalados por la sociedad entran en conflicto directo con el marco normativo vigente. Para quienes lideramos organizaciones, esta fractura no representa únicamente un debate académico; constituye un peligro institucional, reputacional y operativo de gran magnitud que puede socavar la paz social.
Inestabilidad política y falta de respaldo social
Un claro ejemplo de esta problemática se observa en la inestabilidad política que atraviesa Perú, nación que ha tenido ocho presidentes en el transcurso de los últimos diez años. Los procesos de vacancia ejecutados por el Parlamento tendrían, en teoría, un fundamento constitucional para quienes los impulsaron. Sin embargo, cabe preguntarse si estas transiciones cuentan realmente con la aprobación de la sociedad civil. Aunque el Congreso posee facultades legales para remover a un jefe de Estado, dotando de legalidad a sus actos, la legitimidad de tales decisiones está en entredicho. Las manifestaciones sociales y el comportamiento de los mercados sugieren que no existe tal validación; por el contrario, los intereses de los legisladores parecen distanciarse de los ciudadanos, alimentando una crisis que afecta la vida cotidiana de todos.
La brecha entre el Estado y los ciudadanos
En el vínculo que mantiene el Estado con el sector empresarial y el ciudadano común, la distancia también es notable. El aparato estatal impone un cumplimiento exhaustivo y costoso de diversas normativas, tales como la protección de datos personales, la defensa del consumidor y la entrega de reportes tributarios detallados. Estas exigencias buscan optimizar la recaudación y la fiscalización mediante el uso de tecnología. No obstante, mientras los administrados realizan inversiones significativas para acatar estas reglas, las instituciones públicas se ven envueltas en filtraciones de información sensible o ejecutan procesos de fiscalización arbitrarios que vulneran derechos fundamentales. Incluso se llega al extremo de ignorar información que la misma autoridad solicitó previamente. Estas actuaciones, que carecen de rigor técnico, se alejan del deber de proveer servicios de calidad, planteando una interrogante fundamental: ¿es legítimo demandar un estándar que el propio Estado es incapaz de garantizar? La falta de simetría en las responsabilidades es evidente.
El impacto de la arbitrariedad en el sistema
La imposición de obligaciones, auditorías y sanciones arbitrarias, sumada a los cambios constantes en los criterios de las autoridades, destruye la confianza y vacía de legitimidad a los procesos legales. Resulta difícil calificar como justo a un sistema que, aun siendo formalmente válido, provoca indefensión y resultados carentes de lógica. Surge entonces la duda sobre si una norma legal vigente, que ya no se ajusta a la realidad social o económica actual, debe seguir aplicándose bajo los mismos términos con los que fue concebida originalmente.
Parece que avanzamos hacia un esquema donde la legislación se utiliza para castigar a la parte más débil —el administrado— y proteger a la más fuerte —el Estado—. En este escenario, el ordenamiento jurídico pierde su objetivo primordial de equilibrar intereses y asegurar la justicia. Cuando una norma carece de legitimidad, se incentiva al administrado a actuar al margen de la ley en busca de un espacio que considere ético, aunque sea técnicamente ilegal. El punto de encuentro necesario entre legalidad y legitimidad solo se alcanzará cuando las leyes sean razonables y técnicas, y cuando la legitimidad no se utilice para avalar la arbitrariedad, sino para dar fuerza ética al derecho.
Un compromiso colectivo por el orden jurídico
La reconstrucción de este puente es responsabilidad de todos los actores: legisladores, magistrados, autoridades, compañías y la sociedad civil organizada. Una legalidad sin respaldo legítimo puede derivar en el autoritarismo, mientras que una legitimidad que ignore el marco legal conduce irremediablemente al desorden social. Es imperativo actuar antes de que la desconexión entre ambos conceptos sea definitiva.
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