El sistema judicial de Rusia ha dictaminado este lunes una sanción económica de 10,5 millones de rublos (aproximadamente 110.375 euros) contra la plataforma tecnológica Telegram. La medida responde a la negativa de la empresa para suprimir contenidos que se encuentran actualmente vetados por el marco legal ruso, bajo acusaciones de permitir la «incitación a la comisión de ataques terroristas» y alojar datos que respaldan las movilizaciones ciudadanas contra el Gobierno.
La sentencia fue emitida por el tribunal de Taganski, situado en la ciudad de Moscú. La corte declaró formalmente «culpable» a la aplicación de mensajería, derivando en la imposición de una sanción administrativa específica. Esta resolución jurídica ha sido confirmada por las autoridades judiciales de la capital tras el análisis de las infracciones cometidas por la compañía.
En el plano legal, Telegram fue hallada responsable según lo estipulado en el Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa. El cargo principal se fundamenta en el quebrantamiento del protocolo diseñado para limitar el acceso a información específica y recursos digitales que, por normativa estatal, deben estar sujetos a restricciones de visualización dentro de los límites territoriales de Rusia.
Antecedentes y multas previas
Las autoridades de la justicia rusa ya han aplicado este tipo de acciones coercitivas contra la red social en periodos anteriores, manteniendo una línea de sanciones por la persistencia en no filtrar información considerada ilegal. Un ejemplo reciente tuvo lugar en abril de 2025, mes en el que se fijó otra multa por un monto de 7 millones de rublos (unos 74.800 euros), una cifra que, aunque significativa, resulta menor a la penalización impuesta en esta última resolución.
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