La Comisión de Desarrollo Económico aprobó este sábado, 21 de marzo, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional, calificado como urgente en materia económica, orientado a incentivar la construcción y donación de viviendas de interés social.
La iniciativa establece incentivos tributarios para personas naturales y jurídicas que donen viviendas al ente rector de hábitat y vivienda, con el objetivo de promover la participación del sector privado y reducir el déficit habitacional en el país.
Según datos del INEC (Censo 2022), el déficit cuantitativo de vivienda asciende a 727.689 unidades, lo que evidencia una brecha estructural que se ha incrementado en las últimas dos décadas y se ha agravado por eventos climáticos recientes, afectando a miles de familias.
El proyecto busca ampliar la oferta de vivienda sin generar presión sobre las finanzas públicas, mediante la movilización de inversión privada y la articulación entre el Estado y el sector productivo. Además, se prevé la dinamización del empleo y de la cadena productiva vinculada a la construcción.
El informe para segundo debate incorpora ajustes para fortalecer la seguridad jurídica y la transparencia del proceso. Entre los principales cambios constan: la obligatoriedad del acta de entrega-recepción definitiva para perfeccionar la donación; la transferencia obligatoria de las viviendas a los beneficiarios, conforme a la normativa vigente; y un plazo máximo de 90 días para la entrega de las viviendas desde la formalización de la donación.
Asimismo, se establece que el incumplimiento de estándares técnicos permitirá al Estado exigir la restitución del beneficio tributario y que el valor del incentivo se calculará con base en parámetros técnicos referenciales. También se priorizará la atención en territorios con mayores niveles de déficit habitacional y pobreza.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, destacó que la propuesta garantiza que las viviendas sean 100 % gratuitas para los beneficiarios y que el proceso cuente con plazos definidos para asegurar una entrega oportuna. Subrayó que la normativa fortalece el rol del sector privado como aliado estratégico, sin reemplazar las obligaciones del Estado.
En el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de enfrentar el déficit habitacional —que supera las 700.000 viviendas— y resaltaron el impacto positivo de la iniciativa en la generación de empleo y la reactivación económica. También enfatizaron que los incentivos no constituyen amnistías tributarias, sino mecanismos para canalizar recursos hacia soluciones habitacionales.
No obstante, se plantearon observaciones respecto al impacto fiscal y a la necesidad de mayor claridad en los mecanismos de valoración e implementación, aspectos que serán considerados en el segundo debate.
El asambleísta Alex Moran, tras proponer la aprobación del informe, señaló que este es un día importante para responder al clamor ciudadano y honrar la confianza depositada en las urnas. Destacó que el objetivo es dar solución a una necesidad urgente: garantizar vivienda digna para los ecuatorianos.
Subrayó que la realidad del país se comprende recorriendo los sectores más vulnerables, como los asentamientos irregulares de Guayaquil, donde el principal anhelo es contar con un hogar propio. “Este proyecto de ley no tiene bandera política; tiene una sola bandera: las familias ecuatorianas”, afirmó.
RSA