La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, este sábado 21 de marzo, aprobó, con el voto de los 10 asambleístas presentes, el informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato, que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional para su tratamiento.
La iniciativa plantea una actualización técnica del marco jurídico que regula el arrendamiento en Ecuador, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la claridad normativa y adecuar la ley a la realidad legal vigente.
El proyecto corrige referencias legales desactualizadas —como la sustitución del Código de Procedimiento Civil por el Código Orgánico General de Procesos— e incorpora definiciones claras de arrendador y arrendatario. Además, establece reglas más precisas sobre contratos de arrendamiento, incluyendo sus elementos mínimos, y reconoce tanto la modalidad escrita como la verbal.
Entre los principales cambios, se fortalecen las disposiciones sobre obligaciones y responsabilidades de las partes, reparaciones de los inmuebles, garantías contractuales y el registro de contratos. Asimismo, se incorpora la mediación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, priorizando su uso antes de acudir a la justicia ordinaria, sin afectar el principio de voluntariedad.
Asimismo, se actualiza el régimen sancionatorio, se moderniza el sistema de registro de contratos y se ajustan figuras como la subrogación para mejorar su aplicación práctica. Adicionalmente, se incorporan disposiciones para eliminar referencias monetarias en sucres y establecer mecanismos de actualización a dólares, conforme al régimen vigente.
La propuesta recoge aportes de actores institucionales, académicos y ciudadanos, recopilados durante el proceso de socialización y análisis legislativo. Según el informe, se trata de una reforma puntual que no altera la estructura ni los principios de la ley, pero moderniza aspectos clave para su correcta aplicación.
La Comisión concluye que la reforma es necesaria y recomienda al Pleno continuar con el trámite legislativo, a fin de que las y los asambleístas analicen el proyecto y presenten observaciones que contribuyan a su perfeccionamiento.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, Rosa Torres, destacó la pertinencia de actualizar la normativa, mientras que el asambleísta Kevin Gallardo, quien mocionó la aprobación del informe, señaló que la propuesta responde a una demanda ciudadana y fortalece la protección de derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios.
RSA