Un reporte periodístico de The New York Times, difundido el pasado 20 de marzo de 2026, reveló que el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, está bajo la lupa de las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn en los Estados Unidos.
La publicación sostiene que las indagaciones se encuentran en una fase preliminar. El objetivo de las autoridades estadounidenses es determinar si existen conexiones reales entre Petro y estructuras dedicadas al tráfico de drogas, poniendo especial énfasis en la posible entrada de fondos ilícitos provenientes de estas organizaciones a su campaña presidencial.
En el desarrollo de este proceso investigativo estarían participando agentes especializados en la lucha contra el crimen transnacional, incluyendo personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según los datos proporcionados por el medio neoyorquino.
Ante la gravedad de los señalamientos, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su postura. El mandatario fue enfático al declarar que no siente ninguna afinidad por los narcotraficantes, a quienes calificó como los “genocidas” del territorio colombiano.
Asimismo, el jefe de Estado vinculó a estas agrupaciones delictivas con sectores de la denominada “derecha criminal” en su país. En su defensa pública, Petro manifestó lo siguiente:
“Puedo hablar de cualquier segundo de mi vida sin sonrojarme de nada. No me gustan los narcos porque son los genocidas de mi pueblo y los aliados permanentes de la.derecha criminal que hay en Colombia (sic)”.
Dicho pronunciamiento fue acompañado por una fotografía del líder colombiano durante su participación en la cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), evento que tiene lugar en la ciudad de Bogotá.
Previamente, Gustavo Petro ya había defendido la transparencia de su administración y de sus procesos electorales frente a las sospechas de financiamiento irregular. En sus redes sociales, aseguró que las directrices para sus equipos de trabajo siempre han sido estrictas en cuanto al origen del dinero.
“Respecto a mis campañas, siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos”
, subrayó el mandatario.
Pormenores de la investigación en territorio estadounidense
La atención mediática internacional se ha centrado en los alcances de estas pesquisas judiciales. Aunque The New York Times detalló el 20 de marzo la participación de agentes federales y de la DEA en el caso, el informe no especifica si las diligencias actuales culminarán en cargos formales o si existe una coordinación directa con la Casa Blanca.
Se ha mencionado, no obstante, que este escenario surge en un contexto de tensiones diplomáticas, recordando las posturas críticas del expresidente Donald Trump hacia el gobierno de Petro. Algunos analistas sugieren que las investigaciones podrían jugar un papel dentro de la agenda bilateral de seguridad y la lucha global contra los estupefacientes.
Por otro lado, la agencia de noticias Reuters aportó matices adicionales al caso. Citando fuentes propias, la agencia indicó que, si bien el nombre del presidente colombiano figura en los expedientes, Petro podría no ser el blanco central de la investigación penal, sino una figura mencionada dentro de un entramado mucho más amplio de indagaciones relacionadas con el crimen organizado.
En contraste, un reporte de The Associated Press (AP) señaló que la DEA mantendría a Gustavo Petro como un “objetivo prioritario”. Según los registros analizados por dicha agencia, el nombre del político ha aparecido en diversos archivos de la agencia antidrogas desde el año 2022.
Estas investigaciones se sustentarían en testimonios de informantes confidenciales y abordarían temas sensibles como presuntos acercamientos con el Cartel de Sinaloa. Además, se indaga si las políticas gubernamentales de la “Paz Total” han sido instrumentalizadas para favorecer intereses de grupos al margen de la ley.
Pese a las diferencias en los reportes de Reuters y AP, ambos coinciden en que la Casa Blanca se ha mantenido al margen de estos procedimientos judiciales y que los fiscales han optado por no emitir declaraciones oficiales hasta obtener pruebas concluyentes.
Finalmente, la Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado oficial rechazando la veracidad de estas versiones periodísticas. La delegación diplomática criticó el uso de fuentes no identificadas y la ausencia de una confirmación formal por parte del Departamento de Justicia, reafirmando la integridad del presidente frente a cualquier nexo delictivo.
Fuente: Fuente