Este lunes se reactiva el proceso de audiencias en el juicio oral por la tragedia del hundimiento del ARA San Juan. Las sesiones se llevan a cabo en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, localizado en la ciudad de Río Gallegos, marcando el inicio de una fase crucial dedicada a la recolección de pruebas testimoniales. El cronograma estipula que las deliberaciones se extenderán hasta el jueves, bajo la dirección del tribunal compuesto por los magistrados Mario Gabriel Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez. Durante estas jornadas, se tiene prevista la comparecencia de cinco testigos por día, en un esfuerzo legal por establecer las responsabilidades penales tras el suceso del 15 de noviembre de 2017, donde perdieron la vida los 44 tripulantes del navío en aguas del Atlántico Sur.
Desde que el juicio arrancó el pasado 6 de marzo, cuatro antiguos miembros de la Armada Argentina enfrentan los cargos en el banquillo. Entre los imputados se encuentran el capitán de navío destituido Claudio Villamide, quien fuera comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS); el contraalmirante en retiro Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA); el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso, jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de fragata en retiro Hugo Miguel Correa, encargado de las operaciones de comunicaciones submarinas en aquel momento.
La estrategia de acusación es liderada por el Ministerio Público Fiscal mediante un grupo de trabajo conformado por Lucas Colla (Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia), Julio Zárate (Unidad Fiscal de Río Gallegos), Gastón Franco Pruzán (representante ante el tribunal oral) y María Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). De igual forma, participan dos bloques de querellas en representación de los allegados de las víctimas: una dirigida por la jurista Valeria Carreras y la otra por el abogado Luis Alberto Tagliapietra, padre de uno de los oficiales fallecidos en el siniestro.
El objetivo central de este debate oral es esclarecer si el submarino contaba con las condiciones de seguridad necesarias para navegar cuando inició su última travesía. Dicha misión, bajo órdenes del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS), consistía en labores de patrullaje y adiestramiento en áreas delimitadas del mar argentino. El tribunal también examina si existieron omisiones o fallas en la cadena de mando y supervisión que constituyan delitos penales.
Las próximas audiencias prometen un profundo análisis técnico, contando con la participación de peritos que buscarán reconstruir los protocolos de la unidad naval, el sistema de mando, los manuales operativos y las condiciones de seguridad náutica. Esta información será vital para confirmar o descartar las diversas teorías sobre lo ocurrido en el Atlántico Sur bajo condiciones de clima extremo.
Aspectos técnicos y antecedentes de la nave
Se espera que en los días venideros se debata intensamente sobre el estado de navegabilidad de la embarcación y los detalles de la reparación de media vida concluida en 2014, que aún mantenía pruebas pendientes. Asimismo, se analizarán los reportes de viajes previos y las novedades técnicas detectadas meses antes de la catástrofe. Un punto crítico será la discusión sobre la válvula E-19, pieza clave del sistema de ventilación por la que presuntamente ingresó el agua. Se revisará el uso que el comandante Pedro Fernández le dio a dicho componente en agosto de ese año con el fin de optimizar la atmósfera interna del buque.
Las investigaciones previas han arrojado datos concretos sobre los momentos antes del naufragio. Se determinó que ocurrió una filtración de agua salada en el compartimento de baterías de proa a través del sistema de ventilación, provocando un cortocircuito y un foco de incendio. Según el reporte enviado por el capitán Fernández, este incidente habría sido inicialmente contenido por el equipo a bordo.
Ante esta situación, Claudio Villamide, jefe de la Fuerza de Submarinos, decidió cancelar la misión de patrulla y ordenó el retorno inmediato a la Base Naval Mar del Plata. El comandante Fernández notificó luego que operarían con el «circuito dividido» y que pretendía sumergirse para inspeccionar el daño en las baterías.
En ese lapso, el ARA San Juan enfrentaba un temporal con olas de hasta diez metros de altura. Tras ese último contacto, se perdió la señal. Tres horas después, exactamente a las 10:51 del 15 de noviembre de 2017, sensores de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) detectaron un “evento anómalo singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”. Los restos de la nave fueron hallados un año más tarde cerca de esa zona.
Los cargos presentados por los acusadores incluyen incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el fallecimiento de personas. Durante la instrucción del caso, liderada por la jueza Marta Yáñez, se tomaron declaraciones a figuras de alto nivel como el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el entonces jefe de gabinete Marcos Peña y el jefe de la Armada, Marcelo Eduardo Hipólito Srur. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó el procesamiento de los actuales cuatro acusados, mientras que otros oficiales fueron sobreseídos.
La postura de los imputados
Por su parte, los acusados han negado rotundamente las acusaciones. Claudio Villamide fue enfático al declarar:
“Los cargos que se me hacen son injustos, son falsos y yo soy inocente”
El excomandante sostuvo que el submarino cumplía estrictamente con los requisitos reglamentarios para operar. Aunque detalló las comunicaciones recibidas, reconoció la incertidumbre del suceso al afirmar que
“la realidad es que no sabemos qué pasó”
.
Los otros implicados mantuvieron argumentos similares. López Mazzeo rechazó todas las imputaciones; Alonso cuestionó el uso de reglamentos que considera obsoletos para su acusación; y Correa también se desligó de los cargos. Las defensas argumentan que el buque estaba en condiciones operativas y que no existen pericias directas que vinculen las supuestas fallas con el hundimiento. Resaltaron documentos como el Índice de Calificación del Estado del Material (ICEM), el cual autorizaba la navegación del submarino.
Conflicto en la conformación de la fiscalía
El proceso ha enfrentado trabas legales adicionales. En diciembre de 2025, el Tribunal Oral restringió la participación de los fiscales, permitiendo que solo dos de los cuatro designados actuaran de forma activa, contradiciendo lo estipulado por el procurador Eduardo Casal. Los magistrados de Santa Cruz alegaron que la rotación de fiscales podría vulnerar principios de oralidad e igualdad, lo que llevó a los acusadores a presentar un recurso de casación.
Tras una negativa inicial del tribunal, la situación llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Esta semana, la Sala IV, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, aceptó la queja del Ministerio Público y habilitó el análisis del recurso. Los jueces señalaron que los reclamos de la fiscalía están “razonablemente fundados”, aunque esto no anticipa un veredicto sobre el fondo del asunto. Mientras se resuelve esta disputa jurídica, el juicio continúa su marcha con la previsión de escuchar cerca de cien testimonios de manera presencial y telemática.
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