Tras el decomiso de 16.500 dólares, una suma de 40.000 bolivianos en efectivo, un vehículo tipo camioneta y un casco perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Federales de Bolivia (YPFB), las autoridades judiciales decidieron profundizar la investigación contra Marcelo Arce Mosqueira por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Según reportes de la prensa local, el hijo del exjefe de Estado, Luis Arce, fue sancionado con 140 días de detención preventiva, medida que deberá purgar en el recinto penitenciario de Palmasola, tras la resolución emitida por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Nº 27 de la ciudad de Santa Cruz.
El proceso, que fue iniciado de oficio por las entidades competentes, no solo señala a Marcelo Arce, sino que también extiende las sospechas hacia el expresidente Luis Arce y el resto de su núcleo familiar, incluyendo a sus hijos Luis Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira. Las indagaciones apuntan a una red de operaciones financieras sospechosas donde se habrían gestionado activos mediante el uso de intermediarios. Informes del Viceministerio de Transparencia sugieren que el imputado habría coordinado la administración de 18 propiedades inmuebles y un total de 20 vehículos a través de posibles testaferros, beneficiándose supuestamente de adjudicaciones estatales dirigidas.
La aprehensión del procesado se efectuó el miércoles pasado luego de un operativo de persecución. Al ser trasladado a las dependencias policiales, Marcelo Arce declaró ante los medios de comunicación que
“todo esto es un proceso político”
, haciendo mención también a la situación de su padre, quien se encuentra privado de libertad. Durante su comparecencia judicial el viernes, el entorno del tribunal se vio rodeado de ciudadanos que manifestaron su rechazo, lanzando acusaciones de “ladrón” y exigiendo que se restituyan los fondos públicos bajo investigación.
Las diligencias iniciales de la fiscalía incluyeron el allanamiento de oficinas y residencias particulares. En estos operativos, además del dinero en efectivo y el parque automotor mencionado, se localizó indumentaria de seguridad de la estatal YPFB. De acuerdo con las tesis del Viceministerio de Transparencia, se presume que Arce Mosqueira utilizaba instalaciones de dicha empresa pública para suplantar roles directivos y concretar negocios que favorecían sus intereses personales con recursos del Estado.
Postura de la defensa y situación jurídica
Por su parte, Walter Suárez, representante legal del acusado, manifestó su desacuerdo con el fallo judicial, calificando la detención preventiva de
“excesiva”
. El jurista insistió en que el caso tiene un trasfondo netamente político y que los argumentos presentados por la fiscalía carecen de la solidez necesaria para privar de libertad a su cliente por un lapso de 140 días mientras se desarrolla el juicio.
La audiencia cautelar se llevó a cabo bajo una intensa vigilancia mediática y social, reflejando el clima de tensión y división que este caso ha provocado en la opinión pública de Bolivia. Por ahora, el destino inmediato del hijo del exmandatario será la cárcel de Palmasola, uno de los centros de reclusión más conocidos del país, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas.
Finalmente, las investigaciones para determinar el origen de los fondos y la veracidad de los bienes registrados a nombre de terceros continúan su marcha. El Viceministerio de Transparencia y los equipos de inteligencia financiera rastrean las conexiones entre los implicados del círculo familiar de los Arce Mosqueira y otros actores políticos. El expediente judicial contempla no solo la responsabilidad individual, sino un presunto esquema de corrupción en contrataciones estatales diseñado para favorecer a los allegados del exmandatario.
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