La justicia de Colombia ha emitido una sentencia condenatoria de 22 años y cuatro meses de privación de libertad contra Simeón Pérez Marroquín, identificado con el alias de “El Viejo”. Se le responsabiliza por su intervención en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, un suceso violento que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá durante el mes de agosto de 2025. Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, el procesado desempeñó un papel fundamental en la coordinación logística y el planeamiento del atentado, además de suministrar el armamento empleado por el atacante material.
El pliego de cargos contra Pérez Marroquín abarcó delitos de alta gravedad, entre los que se destacan:
- Homicidio agravado.
- Concierto para delinquir agravado.
- Utilización de menores de edad para la ejecución de ilícitos.
- Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Las investigaciones oficiales determinaron que “El Viejo” operó como un puente clave entre los sicarios y los autores intelectuales que habrían emitido la orden de asesinar al legislador del partido Centro Democrático.
Detalles del atentado y repercusión social
El trágico evento ocurrió el 11 de agosto de 2025, mientras el senador participaba en una actividad pública en la capital colombiana. El proceso judicial reveló que la ejecución estuvo a cargo de un adolescente de 15 años, quien había sido reclutado por la estructura delincuencial. Este crimen generó una honda conmoción en la sociedad, recordando los oscuros periodos de violencia política de los años 80 y 90, cuando los atentados contra líderes del Estado eran una constante amenaza para la estabilidad del país.
En el transcurso de las indagaciones, las fuerzas del orden capturaron a un total de nueve individuos presuntamente involucrados en distintos niveles del plan criminal. Además de la reciente pena impuesta a Pérez Marroquín, el sistema judicial ya había condenado a Carlos Mora González y Katherine Martínez a inicios de junio, dictándoles una sentencia de 21 años de cárcel a cada uno por su implicación organizada en el hecho. Las autoridades han concentrado sus esfuerzos iniciales en desmantelar el brazo operativo y logístico de esta red de sicariato.
La búsqueda de los autores intelectuales
Víctor Mosquera, quien ejerce la defensa legal de la familia de la víctima, calificó el fallo judicial como un avance significativo en el proceso. Para el abogado, esta decisión
“representa un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”
. Mosquera detalló que el ahora condenado tuvo
“un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”
.
Sin embargo, el jurista enfatizó que la verdad judicial resultante aún es incompleta. Según su criterio, todavía es necesario identificar a las estructuras con mayor poder de dirección y financiamiento que estarían detrás del asesinato, vinculando posiblemente a grupos armados ilegales que no han sido plenamente expuestos en esta etapa del proceso penal.
Reacciones políticas y curso de la investigación
El mandatario Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el veredicto judicial. En sus mensajes, el presidente instó a los sectores que inicialmente responsabilizaron al Ejecutivo por el crimen a que realicen las aclaraciones pertinentes. El jefe de Estado fue enfático al preguntar:
“¿Dónde está la rectificación?”
, haciendo referencia a las acusaciones previas y a la confesión del sentenciado que arroja luces sobre la organización responsable.
Actualmente, las instituciones continúan trabajando para precisar los móviles exactos del asesinato y determinar si existen intereses de actores con niveles superiores de coordinación mafiosa. Aunque los cargos contra Pérez Marroquín se sustentaron en pruebas de su capacidad de articulación dentro de la red, la Fiscalía mantiene la tesis de que la estructura criminal posee una cadena de mando, financiamiento e intereses políticos o económicos que aún deben ser plenamente delimitados.
El impacto del asesinato de Miguel Uribe Turbay ha sido interpretado por la opinión pública como un episodio que revive la fragilidad de la seguridad ante la violencia política. La sucesión de arrestos y fallos judiciales busca devolver la confianza en la institucionalidad democrática, en un contexto donde el esclarecimiento total de quiénes planearon y financiaron el ataque sigue siendo la máxima exigencia de los familiares y representantes legales de la víctima.
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