La incertidumbre sobre el estado físico de Brooklyn Rivera ha movilizado a la comunidad internacional. Diversos actores, entre ellos el Gobierno de Estados Unidos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y Amnistía Internacional, junto a su hija Tininiska Rivera, han intensificado las demandas hacia la administración nicaragüense para obtener una “prueba de vida” del dirigente indígena, de quien no se tiene noticia desde su captura hace más de 24 meses.
La denuncia más reciente fue emitida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. el pasado 13 de marzo de 2026. En un comunicado público, la entidad condenó que el sistema de gobierno en Nicaragua mantenga en cautiverio a ciudadanos de avanzada edad y con complicaciones de salud, citando específicamente el caso de Rivera.
La oficina estadounidense calificó como una muestra de crueldad “inconcebible” las condiciones en las que se encuentran estos detenidos, subrayando que permanecen en entornos inhumanos y sin el debido acceso a asistencia médica o derechos fundamentales por el solo hecho de disentir.
“La dictadura de Murillo-Ortega sigue manteniendo encarceladas a personas mayores y enfermas como Brooklyn Rivera. Estas personas fueron encarceladas simplemente por discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos básicos y atención médica. La crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es inconcebible”
Desde Washington se ha enfatizado que este caso es un emblema del retroceso en materia de derechos fundamentales en la nación centroamericana. Existe una profunda alarma por la integridad física del líder, quien actualmente cuenta con 73 años y padece problemas de salud previos.
Por su parte, Amnistía Internacional se ha sumado a las voces de protesta, advirtiendo que ocultar la ubicación y la condición de salud de Rivera representa una falta gravísima a los convenios internacionales de derechos humanos.
Astrid Valencia, quien se desempeña como directora adjunta de Investigación para las Américas de dicha organización, manifestó que mantener al dirigente en un estado de incomunicación total, sin contacto con abogados ni parientes, agudiza las transgresiones legales. Valencia instó a las autoridades de Nicaragua a confirmar de manera inmediata que el líder indígena se encuentra con vida.
Presión de organismos de Naciones Unidas
El 12 de marzo de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, organismo auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, envió una misiva formal dirigida a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En el documento, que cuenta con las rúbricas de Jan-Michael Simon, Ariela Peralta y Reed Brody, se exige formalmente información fidedigna que permita establecer el paradero de Brooklyn Rivera. El panel de expertos remarcó que, desde que ocurrió la detención, no se han divulgado los cargos, el estado sanitario ni el centro de reclusión, por lo que demandan precisiones completas sobre su situación actual.
Paralelamente, Tininiska Rivera, hija del desaparecido, ha liderado desde el exilio una lucha incansable por hallar respuestas. Desde el año 2023, ha llevado el expediente de su padre ante instancias como la Unión Interparlamentaria y diversos mecanismos de la ONU. Ella sostiene firmemente que su progenitor fue arrestado en condiciones de salud estables y que el Estado tiene la obligación de presentarlo en esa misma condición, denunciando que la falta de transparencia ha generado múltiples rumores sobre su destino.
Trayectoria y liderazgo en el Caribe Norte
Brooklyn Rivera es reconocido como uno de los máximos referentes de las comunidades originarias en Nicaragua. Durante más de cuatro décadas, ha sido una figura central en la protección de los derechos de propiedad, autonomía política y cultura de los habitantes de la Costa Caribe.
Originario de la etnia miskita, ganó notoriedad en la década de los ochenta al encabezar movimientos armados indígenas que confrontaron al primer gobierno sandinista en el marco del conflicto civil de aquella época.
A mediados de esa década, Rivera fue protagonista en las mesas de diálogo para alcanzar un cese al fuego, lo que facilitó su transición hacia la arena política legal. Durante el mandato de Violeta Barrios de Chamorro, ocupó responsabilidades a nivel ministerial y, con el tiempo, mantuvo una relación compleja con el partido oficialista, oscilando entre la oposición frontal y acuerdos estratégicos.
En años recientes, su labor se concentró en el partido Yatama, cuyo significado en lengua miskita es “Hijos de la Madre Tierra”. Bajo esta bandera, fue electo diputado en los comicios de noviembre de 2021, posicionándose como una de las voces de mayor peso para los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional, pese a haber sido aliado previo del actual gobierno.
El camino hacia la detención y desaparición
El punto de quiebre ocurrió entre el 18 y el 28 de abril de 2023. En esas fechas, Rivera participó en el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en Nueva York. Durante su intervención, denunció de forma vehemente la ocupación de territorios ancestrales por parte de colonos y criticó la inacción gubernamental para proteger a las comunidades, lo que provocó la ruptura definitiva con la administración de Ortega.
Al intentar volver a su país tras el evento, las autoridades le denegaron el ingreso formal. Ante esto, el líder ingresó de forma clandestina por la zona de la Mosquitia, en el límite fronterizo con Honduras, en mayo de 2023. Pasó varios meses oculto, trasladándose entre diferentes puntos para evitar ser localizado.
Finalmente, el 29 de septiembre de 2023, cerca de las 08:30 horas, efectivos policiales lo capturaron en su residencia ubicada en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. A partir de ese momento, el silencio oficial ha sido absoluto: no existen registros en el sistema judicial, no hay una acusación formal presentada y su familia no ha logrado comunicación alguna.
Tras su captura, la represión alcanzó a su entorno cercano en Yatama. Su suplente en el parlamento, Nancy Elizabeth Henríquez, también fue arrestada y sentenciada. Además, el Consejo Supremo Electoral procedió a anular la personería jurídica de su partido político, despojando de sus cargos a todos sus representantes bajo el argumento de faltas a la Ley 1055 de soberanía nacional.
Un patrón de opacidad institucional
Diferentes organismos internacionales han clasificado este caso bajo la figura de “desaparición forzada”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares para protegerlo el 9 de octubre de 2023, advirtiendo sobre el riesgo inminente que corría. Sin embargo, las acciones legales en Nicaragua, como dos recursos de habeas corpus intentados por su familia, no obtuvieron respuesta.
Este hermetismo estatal es visto como parte de una estrategia represiva. El Grupo de Expertos de la ONU, en un informe fechado el 10 de marzo de 2026, documentó por lo menos 75 episodios de desaparición forzada en la nación, siendo el de Rivera uno de los más notorios y aún sin resolver.
El reporte del organismo internacional indica que el Poder Judicial nicaragüense rechaza sistemáticamente los recursos para localizar detenidos, dejando a los allegados en una total indefensión. Asimismo, se advierte que el miedo a sufrir represalias provoca que muchos casos no lleguen a ser denunciados formalmente, lo que sugiere una cifra de víctimas mayor a la registrada.
Tininiska Rivera, tras la detención de su padre, sufrió el bloqueo de sus activos bancarios, el acoso constante y la pérdida de su empleo, lo que la forzó a abandonar Nicaragua el 10 de octubre de 2023. Desde el exterior, describe el proceso como un sufrimiento constante debido a la falta de certezas.
Ella ha manifestado en diversos escenarios que ningún otro detenido ha dado fe de haber visto a su padre en las cárceles conocidas, y que no hay huella alguna de su paso por instituciones estatales. Han circulado versiones extraoficiales sobre presuntas enfermedades graves, o incluso el deceso del líder, pero nada ha podido ser corroborado de forma independiente.
El Grupo de Expertos de la ONU ha vuelto a insistir en que el Estado nicaragüense tiene la responsabilidad ineludible de revelar dónde está Rivera. Por su parte, Amnistía Internacional sostiene que el dirigente debe ser liberado sin condiciones, considerando que su arresto es una represalia por su labor como defensor de derechos humanos.
Reportes no confirmados sugieren que Brooklyn Rivera podría estar bajo custodia policial en un centro asistencial público de Managua en estado crítico. No obstante, mientras el régimen no brinde información transparente, el caso permanece en un vacío legal y humanitario que ya supera los dos años.
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