La senadora María José Pizarro, integrante fundamental del Pacto Histórico, se ha pronunciado firmemente en respaldo del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro Urrego. Esta reacción surge a raíz de informes provenientes de Estados Unidos que sugieren una supuesta investigación sobre nexos del presidente con estructuras del narcotráfico. Mediante sus plataformas digitales, Pizarro puso en duda las razones detrás de estos seguimientos judiciales, enfatizando que no se han presentado evidencias sólidas que avalen tales señalamientos.
El reporte difundido por The New York Times, fundamentado en testimonios anónimos, indica que organismos de justicia norteamericanos, específicamente fiscales de Manhattan y Brooklyn, estarían adelantando una indagación de carácter preliminar. El foco de estas pesquisas serían posibles encuentros del jefe de Estado con figuras del tráfico de drogas.
Asimismo, las indagaciones sugieren el posible ingreso de capitales provenientes de estas redes criminales en las arcas de la campaña presidencial de 2022 que llevó a Petro al poder.
Argumentos de la senadora Pizarro
La noticia ha generado una fuerte repercusión internacional, especialmente por la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el proceso. Sin embargo, María José Pizarro desestimó cualquier presunción de responsabilidad por parte del mandatario nacional.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la legisladora y jefa de debate del aspirante presidencial Iván Cepeda, expresó su malestar ante la situación:
“Esto está por comprobarse. Lo cierto es que no existe argumento para investigar a un hombre como el presidente @petrogustavo, que ha denunciado a lo largo de su vida política la alianza entre el poder político y las mafias, así como la corrupción enquistada en el poder (sic)”.
Pizarro remarcó que la trayectoria de Petro se ha centrado en develar los nexos entre la política y la criminalidad que han marcado la historia de Colombia. Para la senadora, las imputaciones son infundadas y no se sostienen en hechos que puedan ser verificados actualmente.
Por otro lado, la representante del Pacto Histórico cuestionó si estas acciones representan un intento de intromisión externa en los asuntos del país:
“¿O se trataría de una estrategia de injerencia extranjera en Colombia?”.
Según su visión, la autonomía nacional debe ser respetada frente a cualquier tipo de presión externa.
En sus mensajes, añadió que resulta “inaceptable” el apoyo de sectores de oposición a estas investigaciones foráneas.
“Es inaceptable que la derecha colombiana respalde que una potencia extranjera persiga jurídicamente a un presidente que elegimos popularmente millones. Las decisiones políticas y judiciales de nuestro país las toma, como nación soberana, el pueblo de Colombia. ¡Soberanía siempre!”,
sentenció la senadora en su publicación.
Cabe recordar que los cuestionamientos por presunto narcotráfico han rodeado a Gustavo Petro desde su llegada a la Casa de Nariño en el año 2022. Desde el inicio de su gestión, el Gobierno ha mantenido una visión crítica sobre las estrategias de lucha contra las drogas de administraciones previas.
Específicamente, se ha marcado una distancia con las políticas impulsadas por la administración de Donald Trump, quien retomó el mando en 2025. Estas discrepancias han generado un ambiente de tensión diplomática recurrente entre Bogotá y Washington por el enfoque del problema de las drogas.
Respuesta diplomática de Colombia
La Embajada de Colombia en Estados Unidos emitió un comunicado oficial asegurando que la información del diario estadounidense “carece de base legal o fáctica”, basándose únicamente en fuentes que no han sido confirmadas institucionalmente.
El pronunciamiento diplomático aclaró lo siguiente:
“un informe de prensa, basado en fuentes anónimas y sin fundamento, que alega investigaciones preliminares en dos distritos de Nueva York sobre el presidente Gustavo Petro, debe leerse en su totalidad y tratarse con cautela”.
La delegación subrayó que no existe una notificación formal por parte de ninguna autoridad competente.
Finalmente, el documento institucional puso énfasis en la ausencia total de decisiones judiciales oficiales. Se indicó que las insinuaciones difundidas carecen de respaldo verificable, validando la postura del Gobierno colombiano frente a las versiones publicadas por el medio internacional.
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