La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ratificó que la administración actual ha puesto en marcha diversas maniobras diplomáticas ante el Gobierno de los Estados Unidos. El objetivo primordial es conseguir la revocación de las medidas restrictivas que pesan sobre el presidente Gustavo Petro, específicamente su permanencia en la denominada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). La funcionaria manifestó su optimismo de que este proceso concluya favorablemente antes de que finalice el actual mandato presidencial.
De acuerdo con Villavicencio, tras conocerse la determinación de las autoridades estadounidenses de mantener al jefe de Estado bajo sanción, la Cancillería de Colombia procedió a utilizar los canales formales de comunicación. No obstante, la titular de la cartera diplomática admitió que, hasta el momento, no se ha obtenido un pronunciamiento definitivo o una contestación clara por parte de Washington respecto a este requerimiento.
“Desde Cancillería hicimos una nota verbal solicitando que se levantaran, porque consideramos que son sanciones injustas, basadas en un planteamiento político, filosófico de los principios del presidente. No hemos recibido respuesta aún, pero confiamos en que se actuará con justicia”
La gestión para el retiro de las sanciones fue canalizada formalmente a través de las misiones permanentes que Colombia mantiene ante las Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos. Es relevante destacar que este proceso no ha involucrado diálogos directos ni comunicaciones formales con representantes diplomáticos en suelo colombiano, como el encargado de negocios de la embajada estadounidense en la capital.
Durante sus declaraciones, la canciller enfatizó que, a pesar del silencio administrativo por parte de las oficinas en Washington, el Poder Ejecutivo colombiano guarda la expectativa de que se actúe bajo criterios de equidad. Se espera que la exclusión de Gustavo Petro de dicho listado sea una realidad efectiva antes del relevo presidencial en la Casa de Nariño.
Estatus migratorio y compromisos internacionales
Otro punto abordado por la canciller Rosa Villavicencio fue la vigencia de la visa estadounidense del mandatario. Actualmente, el documento tiene validez hasta el 7 de agosto, coincidiendo con la culminación de su periodo de gobierno. La ministra aclaró que existe la posibilidad de gestionar una extensión o una nueva solicitud de visado en el futuro, especialmente para atender agendas de carácter oficial.
“Nosotros en razón de que tenemos que ir a Estados Unidos como miembros también del Consejo de Seguridad y miembros de Naciones Unidas pues solicitamos la visa para el presidente la cual ha sido otorgada hasta el 7 de agosto. Seguramente si la solicita posteriormente pues igual se la dar pero ahora es con fines oficiales”
Se prevé que el presidente Petro realice un nuevo viaje oficial a territorio norteamericano en el corto plazo. Esto se debe a que, en el mes de junio, Colombia asumirá la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha responsabilidad obliga al jefe de Estado a liderar diversas ponencias e intervenciones en el marco de la comunidad internacional.
“Sí, es muy posible porque debemos hacer una presentación y una intervención en el Consejo de Seguridad. En junio Colombia lleva la presidencia del Consejo de la Seguridad y hay unos eventos muy importantes que tenemos que hacer como eventos insignia de lo que ese país que lleva la presidencia propone a la comunidad internacional”
Asesoría jurídica internacional y controversia por contratación
Como parte de la hoja de ruta legal para desvincular a Petro de la Lista Clinton, el Estado colombiano suscribió un contrato con la firma británica Amadeus Consultancy. El valor de este acuerdo asciende a los 10.000 millones de pesos, una cifra que ronda los 2,7 millones de dólares estadounidenses.
Resulta llamativo que la consultora extranjera cuenta únicamente con dos empleados en su nómina. Su labor se centra estrictamente en proveer soporte técnico y análisis jurídico sobre las consecuencias legales e institucionales de las sanciones, aclarando que no desempeñarán funciones de representación en litigios internacionales o procesos judiciales.
Dicho contrato exige la entrega de informes de avance de manera periódica, los cuales quedan bajo la supervisión directa de Augusto Ocampo, quien se desempeña como secretario jurídico de la Presidencia. Sin embargo, el convenio ha generado fuertes críticas y cuestionamientos debido al elevado costo del servicio en comparación con el pequeño tamaño de la empresa y el hecho de que se haya otorgado mediante contratación directa, omitiendo una licitación pública tradicional. Ante estas irregularidades, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una fase de indagación preliminar para corroborar la transparencia del proceso.
Amadeus Consultancy fue constituida en el año 2017 por la jurista Maryna Pogibko, de origen ucraniano y nacionalidad británica. La empresa ha participado previamente en asesorías de alto impacto mediático, como el caso del empresario Álex Saab. Asimismo, el contrato vincula el trabajo del jurista estadounidense Daniel Kovalik, quien anteriormente ha ejercido la defensa de los intereses de Gustavo Petro en el exterior.
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