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Audiencia de habeas data de Alexandra Villacís se difiere para el 23 de marzo

La audiencia del recurso de hábeas data presentado por Alexandra Villacís fue diferida para el lunes 23 de marzo de 2026, tras un pedido del Ministerio del Trabajo y de la Procuraduría General del Estado. La diligencia estaba prevista para este 18 de marzo, a las 15:00, en modalidad virtual.

El proceso está en manos de la jueza Jeanneth Pila Avendaño, de la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, en Quito. El aplazamiento introduce un nuevo retraso en un caso que ya acumula más de un mes sin resolución administrativa, según denuncia la accionante.

Un impedimento administrativo que escala a conflicto institucional

El recurso busca corregir un registro en el sistema del Ministerio del Trabajo que impide a Villacís ejercer un cargo público, situación que le ha bloqueado asumir como vocal suplente —e incluso principal— en el Consejo de la Judicatura.

En un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la exfuncionaria cuestionó la demora estatal. Asegura que han transcurrido más de 36 días sin que se corrija lo que considera una inconsistencia básica en una base de datos pública.

Insiste en que el Estado debe garantizar la veracidad de la información, la seguridad jurídica y evitar que errores administrativos deriven en efectos legales indebidos.

Trámites cumplidos, pero sin respuesta estatal

El conflicto se remonta al 9 de febrero de 2026, cuando el sistema del Ministerio del Trabajo generó un certificado de impedimento laboral por una supuesta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Ese mismo día —según Villacís— la situación fue regularizada, obteniendo el certificado de cumplimiento tributario que acredita que no existen obligaciones pendientes.

Posteriormente, el 10 de febrero presentó una solicitud formal para levantar el impedimento. El 20 de febrero obtuvo una nueva certificación del SRI que ratifica la inexistencia de deudas en firme. Pese a estos documentos, el registro no ha sido actualizado. Por ello, Villacís solicitó formalmente al Ministerio del Trabajo:

  • La eliminación inmediata del impedimento
  • La actualización del sistema
  • La certificación oficial de que no existe inhabilidad vigente.

De forma paralela, mediante un hábeas data administrativo dirigido al SRI, pidió explicaciones sobre los procedimientos y la coordinación con el Ministerio del Trabajo para la actualización de esta información.

Acciones judiciales y obstáculos procesales

Antes de este recurso, Villacís intentó una acción de protección con medidas cautelares. Sin embargo, el 23 de febrero, la jueza Natacha Centeno Vera inadmitió el pedido por razones de competencia territorial, al considerar que el caso debía tramitarse en Quito.

Tras esa decisión, la exvocal anunció que evalúa nuevas acciones legales.

Impacto en la Judicatura y reconfiguración institucional

La controversia tiene efectos directos en la estructura del Consejo de la Judicatura. Como suplente de Mario Godoy, Villacís debía asumir la presidencia del organismo durante la licencia sin sueldo y vacaciones que solicitó el entonces titular entre el 9 y el 13 de febrero.

No obstante, el impedimento registrado derivó en su separación del cargo por decisión del director del CJ, lo que abrió un vacío institucional.

En paralelo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solicitó a la Corte Nacional de Justicia el envío de una terna para designar al reemplazo de Godoy. La lista, remitida el 12 de febrero de 2026 por el presidente temporal de la CNJ, Marco Rodríguez, está integrada por Mercedes Caicedo, Óscar Chamorro y María Morejón.

De esta terna se designará tanto al vocal principal como al suplente que representarán a la Corte Nacional en el Consejo de la Judicatura.

Mientras tanto, en una sesión extraordinaria realizada la madrugada del 10 de febrero, el organismo designó a Damián Larco como presidente encargado.

Radio Pichincha

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