El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 13 de marzo de 2026 ya se encamina a su primera prueba institucional.
El Gobierno anunció que esta semana enviará el documento a la Corte Constitucional para que determine el procedimiento que debe seguir antes de su entrada en vigencia.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo defiende el tratado como una salida para aliviar la presión arancelaria impuesta por Washington, crecen las voces que sostienen que el convenio beneficia mucho más a Estados Unidos que a Ecuador.
La principal crítica no apunta solo al contenido comercial, sino a la asimetría del acuerdo.
Para varios economistas y analistas, el ART no funciona como un tratado clásico en el que ambos países abren mercados en condiciones similares.
Al contrario, Estados Unidos mantiene un acceso limitado y selectivo para los productos ecuatorianos, mientras Ecuador asume compromisos amplios para desmontar barreras, flexibilizar controles y facilitar la entrada de bienes, servicios e inversiones estadounidenses.
Alberto Acosta resume esa lectura con una frase contundente: el acuerdo “es un animal único”.
A su criterio, en lugar de que ambos países se abran mutuamente, lo que ocurre es que Estados Unidos cierra su mercado y Ecuador abre el suyo.
Desde esa perspectiva, el ART no sería una victoria comercial para Ecuador, sino una negociación marcada por la presión de las sobretasas impuestas por la administración de Donald Trump.
Esa presión es el origen político del acuerdo.
Washington presentó el ART como parte de su estrategia para corregir lo que considera “prácticas comerciales injustas”, eliminar barreras que afectan a sus exportadores, ampliar el acceso al mercado ecuatoriano y fortalecer a las empresas y trabajadores estadounidenses.
En otras palabras, el tratado fue diseñado desde la lógica de los intereses de Estados Unidos.
Un informe de Cordes se advierte que Ecuador está dando beneficios permanentes para Estados Unidos, mientras los que otorgó el país norteamericano podrían ser solo temporales.
Y esa lógica se nota en el contenido.
Aranceles
Uno de los elementos más cuestionados es que Ecuador se compromete a reducir o eliminar aranceles para múltiples productos estadounidenses y a otorgar un trato preferencial a una parte importante del agro de ese país.
El acuerdo incorpora cuotas de importación libres de arancel para productos agrícolas de Estados Unidos, entre ellos maíz, lácteos, carne de cerdo y aves de corral.
En el texto también se detallan contingentes:
- Maíz
- Sorgo
- Etanol
- Pollo
- Cerdo
- Lácteos
- Aceite de soya
Con cupos específicos y beneficios arancelarios para los exportadores estadounidenses.
Para el economista Santiago Machado, este punto golpea directamente a la agricultura familiar campesina, que sostiene buena parte de la producción de alimentos en Ecuador.
Su advertencia es que el ingreso de productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos puede desplazar la producción nacional, presionar los precios a la baja y profundizar la dependencia alimentaria, en contradicción con el principio de soberanía alimentaria recogido en el artículo 281 de la Constitución.
La crítica no se limita al agro
El acuerdo también obliga a Ecuador a reformar su sistema de licencias de importación para productos agrícolas estadounidenses, establecer renovaciones automáticas, garantizar períodos de vigencia amplios y evitar exigencias que dificulten su ingreso.
Además, el país deberá reconocer como suficientes varias certificaciones sanitarias y de control emitidas por autoridades de Estados Unidos para alimentos y productos agropecuarios.
En el sector industrial ocurre algo similar.
Ecuador se compromete a eliminar:
- Restricciones para bienes remanufacturados de Estados Unidos.
- Aceptar estándares técnicos estadounidenses para vehículos y autopartes.
- Reconocer aprobaciones de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) para dispositivos médicos y medicamentos, reduciendo controles adicionales de registro o inspección.
El resultado, según los expertos, es claro. Estados Unidos gana acceso regulatorio al mercado ecuatoriano.
No solo vende más; también logra que Ecuador adapte sus normas para facilitar el ingreso de sus productos.
Qué recibe Ecuador
Mientras eso ocurre, lo que Ecuador recibe a cambio es mucho más limitado.
El propio diseño del acuerdo establece que Estados Unidos ofrecerá tratamiento arancelario preferencial para determinados bienes ecuatorianos, pero bajo condiciones restringidas y, además, sujetas a su propia legislación interna, expone Santiago Jaramillo, experto en comercio internacional.
“En la práctica, el acceso favorece sobre todo a productos sin mayor procesamiento o valor agregado, y deja fuera a varios bienes relevantes para la oferta exportable ecuatoriana”, relata.
El camarón, por ejemplo, no fue incorporado en esta primera etapa, aunque el Gobierno asegura que buscará incluirlo más adelante.
Obligaciones
Otra de las objeciones de fondo está en el lenguaje mismo del tratado.
En temas estratégicos, Ecuador asume obligaciones concretas y exigibles, mientras la contraparte estadounidense se reserva fórmulas abiertas o discrecionales.
Eso ocurre, por ejemplo, en materia de inversión.
El ART establece que Ecuador “permitirá y facilitará” inversión estadounidense en minerales críticos, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, en términos no menos favorables que a cualquier tercer país.
En cambio, Estados Unidos apenas se compromete a trabajar, a través de sus instituciones, para “considerar” apoyo financiero a proyectos en Ecuador, siempre que resulten elegibles.
Para expertos, esa diferencia no es un detalle técnico, sino una evidencia de la falta de reciprocidad material: Ecuador asume deberes firmes; Estados Unidos ofrece posibilidades condicionadas.
Cláusulas
El ART también entra en terrenos que, para varios analistas, desbordan por completo el ámbito comercial.
Uno de los ejemplos más sensibles es la cláusula que obliga a Ecuador a adoptar medidas de efecto similar cuando Estados Unidos imponga aranceles, cuotas, prohibiciones u otras restricciones por razones económicas o de seguridad nacional.
Para Machado y otros expertos, esta es una de las disposiciones más peligrosas del texto.
En términos prácticos, significaría que Ecuador tendría que alinear parte de su política comercial con las decisiones que tome Washington frente a terceros países.
“Esto podría limitar la autonomía del Estado ecuatoriano, reducir sus opciones para diversificar mercados y generar costos económicos si se ve obligado a replicar sanciones o restricciones ajenas a sus propios intereses”, recalca.
A ello se suma otra cláusula controvertida: Ecuador deberá cooperar con Estados Unidos para promover el cumplimiento de sanciones y controles de exportación estadounidenses.
“Esto transforma al país en colaborador de una política exterior que no diseñó y sobre la cual no tiene control”, reitera Machado.
Migración
El tratado también incorpora disposiciones sobre política migratoria y estructura institucional interna.
En el Anexo III, Ecuador asume el compromiso de exigir visas de tránsito para haitianos, cubanos y otras nacionalidades consideradas de alto riesgo de migración irregular hacia Estados Unidos.
En la misma sección, se dispone que el país transfiera la autoridad de su agencia espacial del control militar al control civil para permitir un mayor involucramiento estadounidense.
¿Qué tienen que ver esas cláusulas con un acuerdo comercial?
Esa es justamente la pregunta que varios expertos han puesto sobre la mesa.
Para los expertos, el ART introduce condicionamientos políticos, migratorios y estratégicos que revelan una relación desigual, en la que Ecuador acepta compromisos sensibles a cambio de beneficios arancelarios parciales.
Otro punto delicado está en la contratación pública.
El acuerdo obliga a Ecuador a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluida la concesión del campo Sacha, así como para futura generación eléctrica y extracción y procesamiento de minerales críticos.
Esta disposición, según distintas lecturas, busca cerrar el paso a adjudicaciones directas a empresas estatales extranjeras -especialmente chinas- y abrir espacio a compañías estadounidenses privadas.
“También aquí el acuerdo aparece más alineado con la disputa geopolítica de Washington que con una agenda estrictamente comercial”, expone Machado.
A eso se añaden compromisos en propiedad intelectual, impuestos digitales, transferencia de datos y eliminación de barreras regulatorias.
Ecuador no podrá imponer impuestos digitales discriminatorios contra empresas estadounidenses y deberá facilitar el flujo transfronterizo de datos para negocios, además de reforzar estándares de protección de propiedad intelectual.
La lectura global que hacen varios especialistas es que el tratado no está construido sobre una apertura equilibrada, sino sobre una lógica de cesiones profundas de Ecuador frente a concesiones limitadas de Estados Unidos.
Por eso, el paso del ART por la Corte Constitucional será clave.
No solo porque deberá revisar si el contenido del documento se ajusta a la Constitución, sino porque el debate de fondo apenas comienza: si este acuerdo fortalece realmente la posición comercial del Ecuador o si consolida una relación aún más dependiente y asimétrica con su principal socio.
Radio Pichincha