La trayectoria de la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse documentos oficiales que la sitúan como administradora del Hogar Elisa Martínez durante un periodo en el que se habrían tramitado al menos ocho procesos de adopción catalogados como irregulares. Estos eventos ocurrieron específicamente entre los meses de enero y agosto del año 1982.
Dichos hallazgos adquieren una relevancia crítica en el contexto actual, dado que Porras se encuentra en la búsqueda de un tercer mandato al mando del Ministerio Público. Según las investigaciones documentales, este periodo específico como administradora, bajo el cual se suscribieron los expedientes de adopción cuestionados, no fue incluido en su reciente postulación al cargo público.
El análisis de la documentación disponible revela un panorama alarmante: en aproximadamente el 40 % de más de 80 adopciones ilegales registradas en procesos ejecutados entre 1968 y 1996, las actas de identidad de los infantes fueron modificadas de forma ilícita.
Implicaciones internacionales y derechos humanos
Las acusaciones, que ya han sido presentadas ante un comité de especialistas de las Naciones Unidas durante este año, detallan que las víctimas incluyen a niños de Guatemala, El Salvador y Honduras. En su gran mayoría, se trata de menores de origen indígena cuyos trámites fueron autorizados por la propia Consuelo Porras mientras se desempeñaba en la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. La veracidad de estos hechos se sustenta en una revisión exhaustiva de procedimientos legales, que incluyen escrituras finales de adopción, informes de carácter social y actas de nacimiento.
En febrero pasado, un grupo integrado por cinco relatores y relatoras especiales de la ONU, junto a tres miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, expresaron su profunda preocupación. Los expertos manifestaron su “alarma ante las alegaciones de adopciones ilegales históricas y el presunto papel de una alta funcionaria en Guatemala”, haciendo una referencia directa a la actual fiscal general.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) difundió esta denuncia el 16 de febrero, subrayando que, pese a los señalamientos, el proceso de nombramiento judicial de la funcionaria no se detuvo. Ante este escenario, los organismos internacionales han exigido la realización de investigaciones independientes y confirmaron que ya existe un diálogo formal con las autoridades gubernamentales guatemaltecas.
Sanciones y estructura del mercado de adopciones
La situación profesional de Consuelo Porras también se ha visto afectada por la presión externa. Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han aplicado sanciones en su contra desde el año 2022. Las potencias internacionales la señalan por presuntos actos de corrupción y por interferir en el desarrollo de los comicios electorales de 2023. Aunque el pasado 3 de marzo no logró ser elegida para integrar la Corte de Constitucionalidad, su intención de seguir liderando el Ministerio Público permanece firme.
En cuanto a la composición de los expedientes de los menores afectados, se ha determinado lo siguiente:
- Cuatro infantes nacieron en Guatemala de progenitoras salvadoreñas.
- Una niña nació en El Salvador y fue trasladada a territorio guatemalteco.
- Dos hermanos de madre hondureña.
- Dos menores de edad nacidos de madres guatemaltecas.
Resulta preocupante que, en casi la totalidad de los expedientes, el Estado guatemalteco omitió registrar la identidad materna en los certificados finales. En el único caso donde se mencionó inicialmente el origen de la madre, los registros posteriores fueron alterados para indicar que tal dato “no consta”.
El contexto del conflicto armado y la impunidad
Durante los registros oficiales de 1982, se detectó que diversos funcionarios facilitaron el envío de niños hacia naciones como Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Francia, Italia y Canadá. En algunos casos, los nombres de los adoptantes coinciden con figuras políticas de relevancia en el Medio Oeste estadounidense.
A finales de los años 70, Guatemala se convirtió en el epicentro de un mercado global de adopciones que operaba sin supervisión judicial adecuada en el marco del conflicto armado interno. No fue sino hasta el año 2008 que el país decidió suspender este tipo de procesos internacionales para frenar las irregularidades.
Sobre este fenómeno, la historiadora de la Universidad de Boston, Rachel Nolan, expuso en una publicación de 2024:
“todavía se suele citar como el peor de los casos en materia de adopción internacional, un ejemplo de lo que puede salir mal cuando familias de países ricos participan, a menudo sin saberlo, en un mercado comercial de niños procedentes de países pobres”
Durante casi una década, Porras ocupó diversos cargos en instituciones como el Hogar Rafael Ayáu y el Hogar Elisa Martínez. Los documentos de la investigación evidencian que existía una estructura estatal organizada que incluía la participación de notarios, jueces, trabajadores sociales y registradores públicos de localidades como Quetzaltenango y la Ciudad de Guatemala.
En su rol como administradora, Consuelo Porras también ejerció funciones de tutora legal. Un documento notarial con fecha del 8 de junio de 1982, avalado por el notario Ángel Alfredo Figueroa, confirma la participación y el consentimiento legal de “María Consuelo Porras Argueta” en calidad de tutriz, amparada en el artículo 308 del Código Civil. Se ha verificado que la firma presente en estos registros históricos coincide plenamente con la rúbrica utilizada por la fiscal en sus procesos de postulación actuales.
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