La situación de orden público en el departamento del Chocó ha alcanzado niveles críticos tras la reciente denuncia de la gobernadora Nubia Córdoba. La funcionaria confirmó la instalación de un consejo de seguridad integral, con la participación activa de las fuerzas de orden público y el ministerio público, con el objetivo primordial de mitigar las agresiones violentas registradas en localidades estratégicas como Santa Rita y San José de Palmar.
Este escenario de inseguridad se ve agravado por la declaratoria de un nuevo paro armado de carácter indefinido por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta medida de fuerza afecta directamente a la subregión del Bajo Baudó, paralizando la movilidad y las actividades cotidianas en las cuencas de los ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.
Acusaciones de connivencia y parálisis fluvial
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, perteneciente al ELN, ha justificado esta violenta restricción alegando una supuesta complicidad entre los grupos paramilitares y las fuerzas estatales. Específicamente, la insurgencia señala al Clan del Golfo, bajo el mando de Pablo Antonio Borja (conocido con el alias de ‘Piernas Limpias’), de operar en conjunto con el Ejército colombiano. Según los comunicados emitidos por la guerrilla, existiría una
“clara alianza”
entre ambos sectores dirigida contra la población civil de la zona.
La organización insurgente sostiene que el paro armado es una medida necesaria para salvaguardar a los habitantes, argumentando que en los ríos intervenidos resulta extremadamente complejo diferenciar las embarcaciones de uso civil de aquellas que presuntamente transportan a grupos paramilitares. El ELN asegura que, hace aproximadamente una semana, efectivos del Clan del Golfo incursionaron por los ríos Ocampadó e Ijuá contando con el respaldo de tropas oficiales, lo que precipitó la interrupción total de la navegación fluvial y el endurecimiento de los controles territoriales.
Contexto de disputa territorial y desplazamiento
Esta problemática no es aislada, sino que forma parte de una disputa histórica por el control de Chocó, una región cuya geografía es codiciada para las rutas del narcotráfico y la salida estratégica hacia el Océano Pacífico. Los enfrentamientos entre guerrillas, bandas paramilitares y el Estado se han recrudecido notablemente en los municipios de Alto, Medio y Bajo Baudó. Como consecuencia directa de este conflicto, miles de personas han sido víctimas de desplazamientos forzosos, siendo el Bajo Baudó una de las zonas que reporta las mayores cifras de vulneración de derechos humanos.
En las horas previas al inicio oficial del paro, el municipio de Santa Rita fue blanco de un hostigamiento contra su estación de policía, marcando el tercer ataque violento reportado en dicha localidad de forma consecutiva. Eventos de similar gravedad se han reportado en San José de Palmar. Ante esta escalada, la gobernadora Córdoba manifestó su rechazo en plataformas digitales, calificando la situación como un
“constreñimiento ilegal”
y exigiendo una intervención contundente y articulada entre el gobierno departamental y el nivel nacional.
Antecedentes y afectación a la población civil
El historial de violencia reciente en la zona recuerda otros paros armados previos, como el ejecutado en diciembre del año pasado. En aquella ocasión, el ELN suspendió actividades durante 72 horas, un periodo que dejó un saldo trágico de al menos cinco fallecidos, bloqueos viales masivos, agresiones físicas contra ciudadanos y ataques con explosivos en más de diez departamentos del país.
Las hostilidades recurrentes entre el ELN y el Clan del Golfo continúan alterando profundamente el tejido social de las comunidades que residen en las riberas de los ríos del occidente de Colombia. El actual paro no solo limita la libre navegación, sino que siembra la incertidumbre en familias cuya subsistencia económica y acceso a servicios de salud y educación dependen enteramente del transporte por agua.
Mientras las autoridades departamentales intentan restablecer la normalidad mediante un mayor despliegue de seguridad, persiste el temor de que la confrontación armada se extienda a otros municipios colindantes. El impacto acumulado de la violencia y el desplazamiento forzado sigue ejerciendo una presión insostenible sobre la sociedad civil regional y las instituciones del Chocó, quienes enfrentan un desafío constante para garantizar la estabilidad social y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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