Durante la sesión del Consejo de Ministros celebrada el pasado lunes 16 de marzo de 2026, el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, dio una instrucción directa a sus carteras de Hacienda y Salud: iniciar el proceso de liquidación para todas aquellas Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en estado de insolvencia económica.
El presidente justificó esta drástica medida argumentando el hundimiento de su propuesta legislativa en el Legislativo. Al respecto, el jefe de Estado manifestó de forma taxativa:
“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”.
Ante este panorama, Juan Manuel Galán, actual director del partido Nuevo Liberalismo y exaspirante a la presidencia, comunicó oficialmente que interpondrá una denuncia ante la Corte Penal Internacional situada en La Haya. Esta acción legal no solo involucra a Gustavo Petro, sino también al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la senadora electa Carolina Corcho, quien ejerció previamente como titular de esa misma cartera gubernamental.
De acuerdo con los argumentos presentados por Galán, tanto el presidente como el ministro Jaramillo y la senadora del Pacto Histórico habrían incurrido en conductas tipificadas como crímenes de lesa humanidad debido al impacto de sus decisiones administrativas en el sistema sanitario.
A través de una declaración pública, el líder del Nuevo Liberalismo increpó directamente al mandatario nacional:
“En los próximos días acudiré ante la Corte Penal Internacional en La Haya y lo denunciaré a usted, a su exministra Carolina Corcho y al hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por crímenes de lesa humanidad. Ustedes son los responsables directos de las afectaciones a millones de ciudadanos y de la muerte de más de 2.500 pacientes de enfermedades huérfanas”.
En su pronunciamiento, el político cuestionó severamente la estrategia gubernamental de intervenir las entidades prestadoras de salud, calificando dicha acción como un error fatal para la vida de los usuarios. Galán aseguró que la intervención estatal lejos de ser un mecanismo de auxilio, se convirtió en una “sentencia de muerte” para el sistema.
Asimismo, el director de la colectividad política criticó las promesas incumplidas del Ejecutivo sobre la protección de la salud pública, señalando que el resultado actual es el desmantelamiento de la infraestructura sanitaria. En sus palabras cuestionó:
“Usted prometió salvar el sistema de salud y hoy el resultado es su desmantelamiento. ¿Qué hicieron con esas intervenciones? ¿Dónde están los resultados? ¿Quién responde por este desastre?“.
Para el político, el silencio no es una opción mientras se produce, según su criterio, un manejo irregular de los fondos destinados a la salud de los ciudadanos colombianos.
Finalmente, Juan Manuel Galán fue enfático al señalar que la transparencia en los recursos es innegociable, concluyendo con la frase:
“Con la salud no se juega. No nos podemos quedar callados mientras se siguen robando la plata del sistema que fue creado para los colombianos”.
Los argumentos de Gustavo Petro
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la disolución de las EPS insolventes tras el bloqueo de la Reforma a la Salud en el Congreso. El mandatario fue claro al advertir que el Estado colombiano no asumirá la gigantesca deuda acumulada por estas organizaciones privadas, cifra que ya supera los 50 billones de pesos.
La orden dada a los ministros de Hacienda y Salud busca proceder con el cierre de las entidades en crisis, bajo la premisa de que inyectar dinero público para cubrir deudas de actores privados representaría un riesgo inasumible para la estabilidad de las finanzas nacionales. Pese al revés legislativo, Petro insistió en que la reestructuración del modelo de salud es una prioridad que no abandonará.
Dentro del cronograma gubernamental, se anunció que la Reforma a la Salud se radicará nuevamente ante el nuevo Congreso el próximo 20 de julio de 2026. En esa misma fecha clave, el Ejecutivo presentará también una Reforma Tributaria. Según el mandatario, el éxito de estos proyectos estará vinculado directamente con la nueva composición política que arrojen las urnas.
Por último, el Gobierno fundamentó su decisión de liquidar las entidades quebradas citando un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual dejó sin efecto el Decreto 0182 de 2026. Dicha normativa buscaba una reorganización territorial y de usuarios para mejorar la eficiencia del servicio, pero su suspensión judicial, según Petro, bloqueó las soluciones administrativas previstas para optimizar la atención sanitaria.
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