En una decisión que estará vigente hasta casi mediados de siglo, el Gobierno Nacional y la empresa Orion Energy formalizaron la renegociación de los contratos para los bloques 52 y 54 en la provincia de Sucumbíos. El acuerdo, que extiende la operación de la firma hasta el año 2042, ha puesto en el centro del debate público la tarifa que el Estado paga por cada barril de crudo extraído.
En diálogo con el programa A Primera Hora, Diego Díaz, country manager de Orion Energy, defendió los términos del acuerdo, revelando que el Estado “nos paga alrededor de 40 por barril”. Esta cifra representa una variación al alza frente a los términos anteriores, ya que Díaz confirmó que “el incremento de la tarifa es del 7% promedio ponderado”.
Justificación técnica frente a los costos de Petroecuador
La tarifa de 40∗∗generoˊcuestionamientosinmediatos,considerandoqueelcostodeproduccioˊndelaestatalPetroecuadorsesituˊaenlos∗∗27,61. Ante esta brecha, Díaz fue enfático en señalar que no se pueden generalizar los costos debido a las complejidades de cada yacimiento: “Cada bloque tiene sus condiciones y por eso sus tarifas exclusivas”.
El ejecutivo explicó que muchos de estos campos son, en la práctica, “productores de agua realmente”, con mezclas que alcanzan un 90% de agua y apenas un 10% de petróleo. Según Díaz, la logística y la tecnología necesaria para separar el crudo y remediar los pozos encarecen la operación: “Para que sean rentables tienen que tener una mayor tarifa justamente ese”. No obstante, reconoció que el costo de la estatal de entre $27 y $30 es un “costo razonable incluyendo la amortización de las inversiones”.
Inversión millonaria y metas de producción
Como contraparte a la extensión contractual de 10 años adicionales —el contrato original vencía en 2032—, Orion Energy se comprometió a ejecutar inversiones por más de 119 millones de dólares. Estos recursos se desembolsarán en los próximos seis años y se destinarán a:
- Bloque 52: $49,6 millones para la perforación de cuatro nuevos pozos de desarrollo.
- Bloque 54: $70,24 millones para reforzar la operatividad y perforar nuevos pozos.
El objetivo es revertir la declinación natural de los campos, que en enero de 2026 registraron una caída del 7% en su producción. Díaz proyecta un incremento ambicioso: con la nueva inversión, la producción subirá un 124%. “Sin lugar a duda, la producción se va a incrementar. De hecho, ya se ha incrementado… estamos por sobre los 5.000 barriles”, aseguró el directivo.
El beneficio para el Estado y el entorno social
A pesar del aumento en la tarifa pagada a la operadora, Díaz subrayó que el Estado sigue siendo el mayor beneficiario del negocio bajo el modelo de prestación de servicios, donde la empresa asume todo el riesgo: “Cero riesgo para el Estado. Porque si nosotros invertimos en la perforación de un pozo y no existe petróleo, lamentablemente nosotros nos asumimos ese costo”. Según estimaciones de la empresa, el Estado ecuatoriano percibirá ingresos superiores a los 442 millones de dólares durante el periodo extendido.
Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Inés María Manzano, destacó que la firma busca “reglas claras y visión de futuro” para generar bienestar. En el ámbito social, Díaz destacó que la empresa mantiene programas permanentes, como una iniciativa oftalmológica que realiza 30 cirugías diarias de terigio para los habitantes de la zona de influencia.
Finalmente, Díaz justificó su apuesta por el país señalando que, a pesar de las crisis previas, el Ecuador vive hoy un momento de reactivación económica con reservas internacionales históricamente altas: “Estamos creyendo en el Ecuador… el Ecuador hoy está viviendo un momento especial que es necesario que se aproveche”.