La operación militar emprendida por las Fuerzas Armadas ecuatorianas se extendió hasta la noche, cuando los soldados emplearon lanzadores de cohetes para atacar infraestructuras criminales dentro del Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo con lo publicado por agencias internacionales como Europa Press, las autoridades han señalado que estas maniobras nocturnas buscan mantener presión constante sobre los grupos ilegales y asegurar la protección del ecosistema, evitando que estas organizaciones logren reiniciar actividades ilícitas en el área protegida.
El Ejército de Ecuador informó que el batallón desplegado destruyó 129 campamentos clandestinos y 94 bocaminas, en una acción dirigida contra la minería ilegal que se lleva a cabo en el sur del país, específicamente en los sectores conocidos como San Luis, Dos Camas y La Aida. Según detalló Europa Press, el área operativa abarca aproximadamente 130 hectáreas utilizadas previamente para la extracción no autorizada de minerales.
El comunicado castrense citado por Europa Press destaca que, durante el operativo, las fuerzas militares no solo desmantelaron campamentos y bocaminas, sino que también incautaron equipamiento logístico fundamental para las actividades ilícitas. Entre los artículos confiscados figuran explosivos, municiones, radios de comunicación, antenas satelitales del sistema Starlink, chancadoras, generadores eléctricos y diferentes herramientas que facilitaban la explotación minera dentro del parque nacional.
La operación militar ocasionó un golpe financiero estimado por las autoridades en alrededor de 3 millones de dólares a las estructuras logísticas y financieras de los Grupos Armados Organizados (GAO) vinculados a estas actividades ilícitas. Europa Press explicó que el debilitamiento de estas redes afecta directamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales que se benefician económicamente de la minería ilegal en la zona.
En su comunicación oficial, el Ejército subrayó que la intervención responde a dos objetivos centrales: confrontar a los Grupos Armados Organizados y sus economías clandestinas, y restaurar el equilibrio ambiental en el Parque Nacional Podocarpus, afectado por la contaminación y los daños ecológicos generados por las infraestructuras ilegales extraídas en la operación. El medio Europa Press recogió declaraciones donde las autoridades militarizan la protección del entorno y recalcan que las tareas militares contribuyen tanto a debilitar las actividades delictivas como a mitigar el deterioro ambiental.
Tras la destrucción de los asentamientos clandestinos, las Fuerzas Armadas continúan su presencia en la región, desarrollando lo que han denominado la fase de seguimiento y aseguramiento sobre las áreas previamente devastadas por la minería ilegal. Esta etapa está orientada a garantizar que los sectores intervenidos permanezcan libres de actividades ilícitas y a reforzar las medidas de protección del área natural, según la información que distribuyó Europa Press.
Los reportes oficiales insisten en que las operaciones en San Luis, Dos Camas y La Aida han sido acompañadas de una estrategia de acción nocturna que, según el comunicado militar, permite mantener vigilancia constante y evitar intentos de reactivación minera. El Ejército definió el uso de lanzadores de cohetes por la noche como una técnica para disuadir y golpear a las estructuras criminales que han operado en el parque nacional.
El operativo constituye parte de los esfuerzos del Estado para enfrentar la crisis de minería ilegal que afecta distintas áreas protegidas en Ecuador. El Ejército sostiene que la incautación de materiales y la destrucción de infraestructura reduce tanto el potencial de daño ambiental como los recursos económicos disponibles a los grupos criminales involucrados, elementos que Europa Press incluyó al difundir el comunicado de la institución militar.
Los datos divulgados hasta ahora por las autoridades y reportados en medios como Europa Press reflejan que el golpe a la minería ilegal en el Parque Nacional Podocarpus representa una acción de magnitud destinada a disuadir la economía criminal asociada a los GAO, favorecer la recuperación ecológica de la zona y mantener la integridad de áreas de alto valor ambiental amenazadas por la extracción ilícita de minerales.
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