A pesar de que las recientes revelaciones en torno a la denominada causa $LIBRA ahora comprometen a una mayor cantidad de miembros del Gabinete, y tras la apertura de procesos por la filtración de datos, el Poder Ejecutivo ha ratificado su decisión de no intervenir en la investigación. Desde el Gobierno aseguran que se mantendrán al margen de las pesquisas y descartan la implementación de medidas internas, en un contexto donde la oposición en el Congreso intensifica las solicitudes de informes.
Durante las últimas jornadas, el escándalo recobró notoriedad pública tras difundirse un presunto contrato que sugería que el mandatario Javier Milei percibiría una suma de cinco millones de dólares. Dicho monto, según el documento, sería cancelado en tres cuotas a cambio de promocionar la criptomoneda en cuestión.
A esto se sumó la difusión de un supuesto intercambio de mensajes entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el operador Mauricio Novelli, quien figura como uno de los principales imputados en el expediente judicial.
En diversas plataformas digitales también circularon capturas de conversaciones que involucraban directamente al jefe de Estado; sin embargo, se determinó mediante peritajes que estos últimos registros eran apócrifos.
No obstante, la filtración de información sensible generó malestar en la Casa Rosada. Las autoridades gubernamentales demandaron que la Procuración General de la Nación interviniera para frenar la divulgación de piezas del expediente, una acción que finalmente se concretó.
La institución dirigida por Eduardo Casal, que funciona bajo la órbita del Poder Judicial, dio inicio a un sumario administrativo con el objetivo de identificar a los responsables de la fuga de datos confidenciales del proceso legal.
Al respecto, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró en declaraciones a la prensa que el Gobierno no realizó un pedido formal para esta investigación interna.
“Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente, ni ningún ministro, la hizo el procurador general, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la ‘DATIP’ (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)”
En concordancia con esta postura, voceros del Ministerio de Justicia confirmaron que no se suministrará información adicional generada por el propio Ejecutivo, tal como ocurrió previamente con la Unidad de Tareas de Investigación (UTI). Este organismo fue instaurado por la Oficina Anticorrupción (OA) en febrero de 2025, pero terminó siendo disuelto apenas tres meses después de su creación.
“Ya se hizo todo lo que correspondía y se acompañó en todo lo que se debía el expediente. El Ministerio está totalmente al margen de esto, porque no se mete en causas en trámite”, aseveró una fuente integrante de la mesa judicial oficialista.
Postura de la Procuración del Tesoro y el Legislativo
Por otro lado, la Procuración del Tesoro Nacional, que sí depende jerárquicamente del Ejecutivo, tampoco contempla acciones legales frente a las menciones de Pettovello en el caso.
“No tenemos ninguna relación con este asunto. No tenemos nada que ver porque nuestra tarea es defender al Estado”
Actualmente, esta dependencia está bajo la dirección de Sebastián Amerio, quien ocupaba la secretaría de Justicia antes de que Santiago Viola asumiera ese cargo, coincidiendo con la llegada de Mahiques para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona.
Paralelamente, la comisión del Congreso encargada de investigar el caso $LIBRA se congregó este lunes. Se anunció que se enviarán pedidos de informes escritos a figuras clave como el presidente Milei, su hermana Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el exfuncionario Demian Reidel.
El órgano legislativo subrayó su intención de desvincular a las instituciones del Estado Argentino de las acciones particulares de los hermanos Milei, a quienes acusan de haber utilizado la investidura presidencial y recursos oficiales en una presunta maniobra de estafa internacional.
“Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación premeditada. Por eso van a tener que responder en la justicia y el Congreso”
Así lo manifestó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien lidera la mencionada comisión parlamentaria.
Evidencia tecnológica y antecedentes
La tensión actual se centra en las pericias efectuadas sobre los teléfonos móviles de Mauricio Novelli. Fuentes cercanas al ámbito judicial indican que el análisis de comunicaciones revelaría llamadas entre el Presidente y los creadores del token Libra solo instantes antes de que se publicara el mensaje de promoción en redes sociales.
La representación legal del mandatario ha sido delegada al abogado Francisco Oneto, buscando diferenciar la esfera personal de Javier Milei de sus funciones como jefe de Estado.
El conflicto se remonta a los primeros meses de 2025, cuando Milei utilizó su perfil en la plataforma X para publicitar el contrato de esta criptomoneda, la cual aseguraba ganancias extraordinarias mediante algoritmos automatizados. Aunque inicialmente se planteó como una herramienta para el financiamiento de pymes, la justicia investiga una posible estafa masiva que dejó pérdidas millonarias a múltiples usuarios.
Para finales de aquel año, el fuero federal consolidó las denuncias bajo los cargos de asociación ilícita y estafa. Organizaciones como el CIPCE actúan como querellantes, argumentando que el apoyo del Presidente fue crucial para atraer a los damnificados y denuncian la existencia de pagos de comisiones no transparentados.
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