El Gobierno central transferirá este año $ 3.848 millones a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) del país por concepto del Modelo de Equidad Territorial (MET), según el acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas publicado en el Registro Oficial.
Entre los gobiernos provinciales, las mayores asignaciones se concentran en Guayas, que recibirá alrededor de $ 193 millones, seguido de Pichincha con $ 127,9 millones. En el caso de los municipios, los montos más altos corresponden al Distrito Metropolitano de Quito, con cerca de $ 392,5 millones, y Guayaquil, con $ 350,7 millones.
Estos recursos corresponden a la participación de los gobiernos locales en los ingresos del Estado y se calculan con base en lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
El cálculo parte de que los GAD reciben el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado, lo que para 2026 representa una participación estimada de $ 3.650 millones, a la que se suma la liquidación del ejercicio fiscal 2025 por $ 198 millones, dando un total de $ 3.848 millones.
La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, señaló que el Gobierno nacional ya cumplió con las asignaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025 para los gobiernos autónomos descentralizados. Según indicó, en los últimos meses se realizaron transferencias por aproximadamente $ 900 millones destinadas a los tres niveles de gobierno local: 23 prefecturas, 222 alcaldías y 824 juntas parroquiales.
No obstante, precisó que al momento existe un mes pendiente de pago, que en el caso de los municipios representaría cerca de $ 200 millones.
Cómo se distribuyen los recursos
El dinero se reparte entre prefecturas, municipios y juntas parroquiales mediante el Modelo de Equidad Territorial. Este sistema toma en cuenta criterios como población, necesidades básicas insatisfechas, extensión de vías rurales y resultados de gestión de los gobiernos locales.
De ese total nacional, la distribución queda así:
Gobiernos provinciales: $ 1.039 millones
Municipios: $ 2.578 millones
Juntas parroquiales: $ 230 millones
En el caso de los gobiernos provinciales, los montos varían según el tamaño del territorio y la población.
Azuay: $ 46,47 millones
Bolívar: $ 16,81 millones
Cañar: $ 17,40 millones
Carchi: $ 18,03 millones
Cotopaxi: $ 30,95 millones
Chimborazo: $ 31,85 millones
El Oro: $ 45,23 millones
Esmeraldas: $ 45,80 millones
Guayas: $ 193,03 millones
Imbabura: $ 30,44 millones
Loja: $ 39,15 millones
Los Ríos: $ 59,38 millones
Manabí: $ 101,77 millones
Morona Santiago: $ 23,42 millones
Napo: $ 15,82 millones
Orellana: $ 27,94 millones
Pastaza: $ 22,35 millones
Pichincha: $ 127,92 millones
Santa Elena: $ 22,59 millones
Santo Domingo de los Tsáchilas: $ 27,14 millones
Sucumbíos: $ 28,13 millones
Tungurahua: $ 32,41 millones
Zamora Chinchipe: $ 14,40 millones
Galápagos (régimen especial): $ 20,62 millones
Cuánto recibirán las principales ciudades
Los municipios concentran la mayor parte de los recursos del modelo. Entre las ciudades más pobladas del país se destacan los siguientes montos estimados para este año:
Quito: $ 392,5 millones
Guayaquil: $ 350,79 millones
Cuenca: $ 67,65 millones
Machala: $ 41,95 millones
Durán: $ 36,52 millones
Portoviejo: $ 35,78 millones
Manta: $ 29,65 millones
Daule: $ 22,13 millones
El Distrito Metropolitano de Quito es el Municipio con la asignación más alta del país, con más de $ 392 millones, seguido por Guayaquil, que recibirá cerca de $ 350 millones.
En ciudades intermedias también se observan asignaciones relevantes. Cuenca superará los $ 67 millones, mientras que Machala recibirá cerca de $ 42 millones y Durán más de $ 36 millones.
En el caso de la provincia de Manabí, dos de sus principales cantones también tendrán transferencias importantes: Portoviejo con más de $ 35 millones y Manta con cerca de $ 29,6 millones.
Por su parte, Daule, uno de los cantones de mayor crecimiento en Guayas, recibirá $ 22,13 millones del Modelo de Equidad Territorial.
Qué es el Modelo de Equidad Territorial
El Modelo de Equidad Territorial es el mecanismo mediante el cual el Gobierno central distribuye recursos a los GAD para garantizar que los ciudadanos reciban servicios públicos sin importar en qué parte del país vivan.
El sistema divide la asignación en tres componentes:
Tramo A (fijo): una base histórica que se mantiene desde el año 2010.
Tramo B: recursos distribuidos según variables como población, pobreza o infraestructura.
Liquidación: ajustes por la recaudación real del año anterior.
La combinación de estos factores determina la transferencia final para cada provincia y municipio.
El nuevo contexto: la regla 70-30
Las asignaciones de este año también se aplicarán bajo las nuevas reglas aprobadas en la Ley de Eficiencia del Gasto Público para los GAD, que establece cambios en la forma en que los gobiernos locales deben usar estos recursos.
La normativa introduce el esquema conocido como 70-30, que obliga a los municipios y prefecturas a destinar al menos el 70 % de los recursos a inversión, mientras que el 30 % restante puede utilizarse para gasto corriente, como sueldos o funcionamiento institucional.
La medida busca evitar que las transferencias del Estado se concentren en gasto administrativo y asegurar que la mayor parte del dinero se utilice en obras, servicios e infraestructura para la población.
En la práctica, esto significa que de los $ 392 millones que recibirá Quito, por ejemplo, al menos $ 274 millones deberían destinarse a inversión, mientras que el resto podría cubrir gastos operativos.
Lo mismo aplica para las grandes ciudades, como Guayaquil, Cuenca o Machala, que tendrán que ajustar su planificación presupuestaria para cumplir con el nuevo esquema.
Las transferencias del Modelo de Equidad Territorial son una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos locales. En muchos municipios pequeños representan la mayor parte de su presupuesto anual.
Los últimos cambios en las reglas de gasto y la distribución de recursos se vuelven determinantes para la ejecución de obras públicas, programas sociales y mantenimiento de servicios en cada territorio.
Sobre la aplicación de la Ley de Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Colorado explicó que el equipo técnico de la entidad está realizando acompañamiento a los municipios para cumplir con las nuevas disposiciones sobre el uso de recursos.
Según detalló, la normativa establece una implementación progresiva del esquema 70-30, que busca priorizar la inversión en obra pública y servicios. Para ello, el porcentaje de recursos destinado a inversión deberá alcanzar el 65 % en 2026, el 68 % en 2027 y el 70 % en 2028.
Colorado consideró que la normativa puede fortalecer la disciplina fiscal en los gobiernos locales. “La ley es buena; la disciplina fiscal permitirá más agua potable, saneamiento, infraestructura, entre otras obras importantes para los cantones”, afirmó.
Fuente: El Universo
ra