La reciente determinación de los tribunales venezolanos de negar el beneficio de amnistía a Perkins Rocha, quien se desempeña como asesor legal y colaborador cercano de María Corina Machado, provocó una contundente reacción de la dirigente opositora. Machado denunció este sábado que la medida es una clara muestra de «represión selectiva», señalando que el sistema judicial es utilizado como una herramienta para propagar el miedo entre los ciudadanos que reclaman el retorno de la democracia.
La máxima referente de la oposición criticó que, a pesar de que existe una ley de amnistía vigente, las autoridades judiciales han optado por mantener a su abogado bajo prisión domiciliaria, sujeta a condiciones de vigilancia extremadamente rigurosas. Para Machado, el caso de Rocha es un ejemplo fehaciente de la persistente persecución política y de cómo se manipulan los procesos legales para silenciar la disidencia en el país caribeño.
Asimismo, la ganadora del Premio Nobel de la Paz acusó a la administración chavista de intentar socavar la fortaleza moral de quienes impulsan un cambio institucional mediante el rechazo de beneficios legales para figuras como Rocha. La dirigente enfatizó que estas acciones, lejos de intimidar, refuerzan la voluntad de transformación, asegurando que Venezuela ha tomado la determinación de ser una nación libre.
“Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la Libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”, expresó la líder a través de sus canales oficiales.
Durante su pronunciamiento, Machado resaltó la labor fundamental de Perkins Rocha como representante jurídico de su comando de campaña ante el Consejo Nacional Electoral durante los comicios presidenciales celebrados el pasado 28 de julio de 2024. Lo calificó como un “ciudadano ejemplar” que hoy se encuentra privado de su libertad únicamente por el hecho de defender la transparencia y la verdad de los resultados electorales.
Es importante recordar que Rocha, de 63 años de edad, fue detenido el 27 de agosto de 2024, en medio de una serie de arrestos ejecutados tras la jornada electoral. Desde el pasado 8 de febrero, el jurista permanece bajo detención domiciliaria, portando un dispositivo de rastreo electrónico (grillete) y enfrentando medidas cautelares calificadas como muy estrictas por su entorno familiar.
Un fallo judicial sin sustento detallado
El tribunal a cargo de la causa notificó formalmente el rechazo a la solicitud de amnistía presentada por la defensa de Rocha. En el documento oficial se especificó que no se otorgará el sobreseimiento de los cargos, aunque la justicia omitió brindar los argumentos legales específicos que sustenten tal negativa.
Por su parte, el abogado manifestó su total desacuerdo con la resolución, argumentando que existe un “grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance” de la normativa de amnistía. Rocha confirmó que utilizará los recursos legales disponibles para apelar la decisión, mientras que sus allegados han expresado su rechazo ante las condiciones de reclusión impuestas.
La Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a los principales partidos de oposición, también condenó la sentencia, denunciando que el aparato penal se ha convertido en un instrumento contra el pensamiento crítico. A esto se suman las advertencias de diversos organismos de derechos humanos, que consideran la ley de amnistía como una herramienta discrecional e insuficiente. La ONG Foro Penal advierte que la cifra de presos políticos en Venezuela supera las 500 personas.
En este contexto, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha vuelto a señalar la vigencia de prácticas represivas en territorio venezolano durante la última semana. El organismo internacional hizo un llamado a la comunidad global para que se mantenga el monitoreo constante sobre la situación y se brinde respaldo a las exigencias de justicia de la sociedad civil.
Las críticas hacia la nueva legislación de amnistía se centran en que obliga a los procesados a gestionar sus beneficios ante los mismos jueces que emitieron las sentencias condenatorias. Instituciones de defensa de derechos fundamentales han alertado que esta estructura fomenta una aplicación parcial y excluyente de la ley.
- Según datos de la oposición, se han registrado 253 excarcelaciones recientemente.
- Existen reportes de 7.000 medidas de libertad plena para ciudadanos con procesos previos.
- Sin embargo, especialistas reportan que persisten numerosas detenciones y que han surgido al menos 1.000 nuevos informes de capturas que no habían sido contabilizadas formalmente.
Tanto los sectores políticos de oposición como los defensores de derechos humanos recalcan que la liberación de los detenidos por causas políticas debe realizarse de forma integral y sin condicionamientos adicionales, con el fin de restaurar las garantías constitucionales básicas en el país.
“El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control; los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”, sentenció finalmente María Corina Machado.
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