Existe un instante crítico en el que el término «compromiso» deja de representar una promesa real para convertirse en una simple coartada diplomática. En las altas esferas, se jura lealtad a la paz, a los derechos humanos y al orden basado en leyes internacionales. Estas palabras se repiten sistemáticamente en cada cumbre y comunicado oficial; sin embargo, al pasar los días, la realidad se impone con bombardeos, anexiones territoriales y desplazamientos masivos. La sociedad global ha empezado a comprender algo doloroso: el problema no es la falta de instituciones, sino el exceso de retórica vacía.
Es habitual escuchar una muletilla cuando el orden se quiebra: «la comunidad internacional manifiesta su preocupación». Esta frase resuena semanalmente, como si el escenario global fuera una puesta en escena donde el guion se repite sin importar el desenlace violento. Mientras tanto, el andamiaje que supuestamente evitaría el horror funciona como una simple oficina de comunicados: mucha alarma, pero nula capacidad para frenar la brutalidad. Lo más peligroso no es solo el conflicto armado, sino la normalización del fallo institucional, esa percepción de que ya nadie espera que los organismos cumplan su función, sino que simplemente simulen que operan.
Estadísticas de un sistema en crisis
Las cifras actuales eliminan cualquier espacio para el optimismo. El Programa de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala documentó 61 conflictos activos que involucraron al menos a un Estado durante el año 2024, marcando el punto más alto desde 1946. De estos, once enfrentamientos alcanzaron la categoría de guerra al superar las mil muertes cada uno en ese periodo. En total, la violencia organizada cobró cerca de 160 mil vidas. Si estos datos fueran una excepción, el sistema podría tener un respiro, pero no es así. El Comité Internacional de la Cruz Roja reporta aproximadamente 130 conflictos armados en 2024, lo que representa más del doble de los registrados hace quince años. Ante esta multiplicación de la violencia, la promesa de prevención se percibe como una ironía cruel.
En tanto la violencia se expande, el eje del sistema internacional se contrae. El Consejo de Seguridad, concebido como el motor de respuesta global, es hoy un mecanismo de parálisis. Cinco Estados poseen el poder de veto, un beneficio heredado de 1945, que les permite anular cualquier acción vinculante cuando sus intereses colisionan. Esto reduce a la ONU a un ente generador de declaraciones: condena, pide calma y expresa preocupación, pero sin resultados tangibles. En la última década, el uso del veto se ha disparado y, aunque ahora la Asamblea General debe debatirlos por reglamento, la discusión no sustituye a la toma de decisiones. Se debate lo que no se puede solucionar, evidenciando la institucionalización de la impotencia.
Dicha impotencia se refleja también en términos financieros, donde el contraste resulta inaceptable. El presupuesto anual ordinario de las Naciones Unidas oscila entre los 3 mil y 4 mil millones de dólares, mientras que el mantenimiento de la paz requiere entre 5 mil y 6 mil millones. Al comparar esto con el gasto militar mundial, que en 2023 superó los 2.4 billones de dólares, la conclusión es clara: el mundo invierte cientos de veces más en prepararse para la guerra que en intentar evitarla.
«Luego nos preguntamos por qué la paz ‘fracasa’. No fracasa: la financiamos para que sea simbólica.»
Además, la organización depende económicamente de los grandes donantes, convirtiendo la soberanía moral en una forma de presión presupuestaria. Estados Unidos aporta cerca del 22 por ciento del presupuesto regular y aproximadamente el 27 por ciento de los fondos para la paz. Esta estructura condiciona el ideal universal: cuando el mayor contribuyente amenaza con recortes o presenta retrasos en los pagos, la institución se desestabiliza. Surge entonces la duda de cómo una entidad puede sancionar a los poderosos si depende financieramente de ellos.
Como prueba adicional de que el sistema ya no contiene la violencia, se observa el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que rápidamente pasó de tensiones a ataques constantes. Reportes oficiales de Washington confirman haber impactado más de 2,000 objetivos en territorio iraní y destruido 30 embarcaciones, incluyendo un buque porta-drones. La escalada ya ha dejado víctimas estadounidenses, como los seis reservistas muertos en Kuwait. Otro evento crítico fue el hundimiento de una nave iraní frente a Sri Lanka que dejó al menos 80 fallecidos. Estas operaciones, tildadas de «limitadas», actúan como motores de inestabilidad, fomentando retaliaciones y obligando a los actores a buscar seguridad mediante el armamentismo y el secretismo.
Las consecuencias trascienden lo militar. La inestabilidad en el Golfo convierte a la logística y energía global en rehenes. El incremento en los costos de transporte, combustibles y seguros impacta directamente en la economía real: alimentos, industria y electricidad. Esta factura llega incluso a países no involucrados, pues la guerra moderna exporta inflación y miedo con la misma rapidez que imágenes. El conflicto con Irán es otro ejemplo de cómo el sistema internacional no detiene la violencia, sino que la gestiona mientras se desborda.
Mientras esto ocurre, otros frentes no se detienen. En Gaza, aun con un cese al fuego pactado en octubre de 2025, los ataques persisten. Según datos de Reuters, han muerto más de 640 palestinos desde dicho acuerdo, con nuevos incidentes letales registrados en marzo. En Sudán, el 2026 inicia con hambrunas, asedios y el uso de drones, dejando decenas de miles de víctimas. En Sudán del Sur, se advierte sobre masacres que ponen en peligro los frágiles acuerdos de paz. Este es el retrato del primer trimestre de 2026: guerras simultáneas mientras las instituciones llegan tarde a la realidad.
El sistema actual no es solo ineficiente, es selectivo. El derecho internacional se fractura cuando se aplica por conveniencia. Intervenciones justificadas con términos nobles han resultado en fragmentación estatal y crisis prolongadas. Se ha utilizado la palabra «democracia» como un producto de exportación que, en muchos casos, solo ha legitimado proyectos geopolíticos, desgastando su credibilidad y dejando el camino libre a autoritarismos.
El mundo se mueve hoy a través del desplazamiento forzado. A mediados de 2025, se contabilizaban cerca de 117 millones de desplazados. Esta cifra es la prueba de que el sistema no previene ni protege. La migración se vuelve estructural y la respuesta suele ser la securitización del migrante y la militarización de fronteras, cerrando un círculo de crisis humanitaria y política.
Implicaciones para América Latina
La región no está exenta de estos efectos. América Latina padece los choques económicos globales: el alza en energía repercute en alimentos, fertilizantes y electricidad, reduciendo el espacio fiscal. La polarización obliga a los gobiernos a elegir bandos, atrapados entre el pragmatismo y la presión política.
Con el debilitamiento del multilateralismo, crecen los métodos de influencia indirecta: sanciones, presión financiera y guerra informativa. La intervención clásica con despliegue militar es menos probable hoy por su costo reputacional, pero la intromisión en decisiones soberanas mediante coerción económica y operaciones de inteligencia es una tendencia al alza, especialmente en naciones con debilidad institucional o importancia estratégica en energía y logística.
El orden actual está diseñado para administrar el poder, no para limitarlo. Funciona bajo consenso de las potencias y se detiene cuando estas chocan. Su rol actual es producir comunicados y sostener la apariencia de un orden, mientras el mundo se fragmenta en guerras simultáneas. La pregunta final es cuánto tiempo más se aceptará este sistema de compromisos ficticios donde se promete paz pero se bloquea la acción efectiva.
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