Fuerzas de seguridad en Costa Rica capturaron a dos ciudadanos requeridos en extradición por presuntos delitos de narcotráfico. Se les vincula con el Cartel de Sinaloa y con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El despliegue policial fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público, abarcando las zonas de Escazú y el puesto fronterizo de Paso Canoas, en la frontera con Panamá.
La pareja arrestada está integrada por Gómez Parra, una mujer de nacionalidad costarricense de 39 años, y Viveros Viveros, de 50 años, ciudadano colombiano que cuenta con la nacionalidad costarricense. Sobre ambos pesa una orden judicial de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. A Viveros se lo señala como el presunto cabecilla de una red con operaciones en Colombia, Panamá, Costa Rica y México, la cual utilizaba sistemas avanzados para el envío de cocaína hacia el mercado estadounidense.
Las indagaciones sugieren que Gómez Parra era la responsable de gestionar los envíos de estupefacientes desde territorio costarricense. En las tareas de aprehensión participaron diversas entidades de inteligencia y seguridad, incluyendo la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Fuerza Pública, y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), bajo la coordinación de la Fiscalía local y la DEA de los Estados Unidos.
Los reportes de la investigación indican que los sospechosos habrían exportado importantes cargamentos de cocaína entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Actualmente, los implicados se encuentran bajo arresto y a disposición de los tribunales de Costa Rica, a la espera de que se concrete el trámite jurídico para su traslado a Estados Unidos.
Hito en la legislación costarricense
Este caso resulta histórico debido a que Gómez Parra podría convertirse en la primera mujer costarricense extraditada por cargos de tráfico de drogas. Es importante recordar que en mayo de 2025, el Congreso de Costa Rica aprobó una reforma a la Constitución para posibilitar la entrega de nacionales a otros países, exclusivamente en casos de terrorismo y narcotráfico.
Desde la ratificación de este cambio constitucional, cerca de 20 ciudadanos costarricenses han sido detenidos por pedidos internacionales, mayoritariamente de Estados Unidos. Pese a los arrestos, ninguna entrega se ha hecho efectiva aún. Entre los procesos más avanzados se encuentra el del exministro Celso Gamboa y su socio Edwin López, también investigados por presuntos nexos con el tráfico de estupefacientes.
Un total de más de 17 costarricenses han sido aprehendidos bajo el marco de esta nueva normativa. Según los registros judiciales, al menos 13 de estos expedientes se han desarrollado en colaboración directa con la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos. Esta cifra evidencia un fortalecimiento en las estrategias bilaterales contra el crimen organizado, donde también figuran nombres como el del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez.
Fuente: Fuente