La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tramita el proyecto de ley de extradición, que pasó el primer debate en el pleno este 10 de marzo de 2026. La normativa fue enviada por el expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, el 21 de julio de 2025, tras le consulta popular del 21 de abril de 2024, que habilitó la extradición de personas ecuatorianas. Rosa Torres, presidenta de la mesa parlamentaria y legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN) repasa los principales puntos de la normativa y los cambios que se realizan a la actual Ley de Extradición.
Han pasado ocho meses desde que este proyecto de ley fue enviado por el expresidente de la CNJ, José Suing, ¿a qué se debe la demora en su tramitación?
Si bien es cierto esta ley nace por propuesta del expresidente de la Corte Nacional de Justicia, se hizo toda una reingeniería, toda una reestructuración a la ley. Incluso el expresidente la envió como una ley ordinaria y nosotros la elevamos al rango de Ley Orgánica de Extradición y actualmente se debate como una ley orgánica y no solo eso, sino que también le entregamos la titularidad a la Corte Nacional de Justicia, además de establecer responsabilidades y determinar competencias de los actores que intervienen en esta ley. No es que la ley estuvo ocho meses, sino es puntualizar todo el proceso de reingeniería y de reestructuración que se realizó en esta ley. Es una ley que tuvo más de 20 comparecientes; hubo más de 20 intervenciones de autoridades nacionales e internacionales, Fiscalía, Interpol, Cancillería y la Corte Nacional de Justicia. Evidentemente estamos dentro de los plazos que establece la misma norma. Es más, lo que hicimos es dar prioridad en vista a la situación que está viviendo el país, pero sobre todo de que esto es una herramienta para el Gobierno Nacional con todas estas alianzas que el presidente de la República está haciendo a nivel internacional.
¿Cuáles son los principales cambios que hace esta ley a la ley de extradición del 2000?
La ley cambia en su integridad. Primero, acorta los plazos y establece responsabilidades claras. Se entrega la titularidad a la Corte Nacional de Justicia, que siempre la tenía, pero era algo que no estaba en la norma. También se establecen plazos para que un proceso de extradición no dure dos, tres o cuatro años, sino al contrario, sea lo más pronto y ágil posible. Y también se crea una Unidad de Extradición, porque actualmente solo es una oficina que maneja los temas de extradición; acá se propone una unidad especializada que maneja todos los casos que están, lamentablemente, retenidos en la Corte Nacional de Justicia. Queremos ser claros en establecer responsabilidades a cada actor que interviene: la Corte Nacional de Justicia; la Cancillería, que es el nexo diplomático entre los dos países; interviene Interpol dando las difusiones rojas; la Policía Nacional, Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Es importante delimitar estas responsabilidades para que, cuando haya una omisión y no se pueda concluir el proceso, quede clarísimo de quién ha sido el incumplimiento.
Usted en el primer debate destacó que este proyecto agiliza la extradición pasiva y activa, ¿de qué manera lo hace?
Hicimos esta división porque la extradición activa siempre se pudo hacer en el país, pero la extradición pasiva estaba prohibida por la Constitución. Había un candado constitucional que prohibía que ecuatorianos sean extraditados a otros países por delitos como narcotráfico, violación, crimen organizado, lavado de activos, minería ilegal o trata de personas; tenían que ser sentenciados acá. A raíz del referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa se rompe ese candado constitucional de impunidad. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que alias Fito no sea un caso aislado, sino al contrario, que se repita con alias Júnior, alias Fede y muchos cabecillas criminales. Al actualizar la norma a los desafíos reales del Ecuador de 2026, necesitamos herramientas jurídicas a la altura de estos delitos. En Ecuador se han ejecutado 66 extradiciones y se mantienen 167 procesos en trámite; eso significa que hay procesos paralizados que tienen que ver con delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de activos, asesinato o terrorismo. Esta ley especifica incluso las notificaciones de Interpol; la notificación roja como una medida provisional, así como la calificación, la solicitud, la audiencia, la práctica de prueba y las resoluciones judiciales. Queremos que los procesos sean más cortos y que los cabecillas que continúan dando órdenes desde arriba tengan muy en claro que su proceso va a ser tramitado en sistemas judiciales como el de los Estados Unidos, que es más sólido. Ese es el mensaje: el futuro de quienes se involucren en el crimen organizado será ser extraditados a países con normas más rígidas, infraestructura y tecnología actualizada.
También mencionó que esta propuesta busca contribuir con el combate al crimen organizado, ¿a través de qué mecanismos?
Sin duda, esta ley busca desarticular las economías criminales y desmantelar estructuras. Cuando le estamos tocando el bolsillo y extraditamos a un capo que inyecta plata a la estructura, la estamos debilitando. Al decir: “Si se llevaron a alias Fito, ese va a ser mi futuro”, van a tener pavor. No hay nada que le haga temblar más las piernas a un narcotraficante que saber que será procesado en cárceles como las de Estados Unidos.
La oposición observa que esta ley podría servir como una herramienta de persecución que se podría usar de manera discrecional, ¿esto es así?
En el debate un legislador le mintió al ecuatoriano citando mal un artículo. La misma ley establece las condiciones para denegar la extradición; la primera condición es que no procede cuando se trate de delitos de carácter político. ¿Por qué le miente al pueblo? El artículo 19 establece esa causal de negativa. Además, estamos suscritos a la Convención Interamericana sobre Extradición, que ya contempla la improcedencia por temas políticos. La creatividad de la oposición para crear narrativas es impresionante, pero se van quedando sin fundamentos. Demostramos con tratados internacionales que es imposible utilizar esto como persecución; al contrario, por muchos años se utilizó como un instrumento de impunidad.
¿Qué se debe ajustar para el segundo debate?
Recibimos observaciones que sugerían una extradición expedita, un tema procedimental. Continuaremos perfeccionando la ley invitando a la sociedad civil y a autoridades internacionales para fortalecerla. Esta ley no es por un gobierno o una ideología; es un clamor ciudadano para devolver la confianza en el sistema de justicia.
fuente El universo