La situación jurídica de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, se ha tornado más compleja tras la reciente comparecencia de Luis Enrique Rojas ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. El testigo clave ha entregado testimonios que han incrementado la presión sobre la cúpula de la petrolera estatal y han encendido las alarmas en su junta directiva.
Ante este escenario de creciente escrutinio internacional, la compañía ha puesto en marcha un proceso de revisión interna para mitigar el impacto inmediato. Al mismo tiempo, se han reforzado las medidas de seguridad debido a las amenazas directas reportadas por el testigo principal del caso.
Luis Enrique Rojas, quien se desempeñó como directivo en Hocol, ha suministrado un conjunto de evidencias ante organismos administrativos y judiciales estadounidenses. Sus declaraciones señalan la presunta responsabilidad de Roa en maniobras de presión para la adjudicación de un contrato de gas, así como su involucramiento en transacciones financieras dudosas relacionadas con la adquisición de un inmueble en Bogotá.
La documentación y los registros digitales aportados pormenorizan la realización de al menos quince reuniones. En estos encuentros, el máximo directivo de Ecopetrol habría intentado interceder en favor de la firma Gaxi S. A. ESP, vinculada a Juan Guillermo Mancera, un expolicía que actuó como mediador en un negocio inmobiliario.
Entre las pruebas presentadas por Rojas figuran audios, mensajes de chat y correspondencia electrónica que involucran a Roa, Mancera y Julián Caicedo, pareja del directivo petrolero. Uno de los puntos más críticos de la investigación es la compra del apartamento 901, una propiedad valorada en $2.727.000.000 que fue adquirida por Roa por un monto de $1.800.000.000. Esta diferencia ha levantado sospechas de que la transacción se realizó muy por debajo del precio comercial, lo que motivó auditorías forenses dentro de Hocol por parte de la Fiscalía.
«Tengo cómo respaldar lo que digo y no hay riesgo alguno para que se me comprometa con algo irregular. Nunca accedí a las presiones y, por el contrario, dilaté la entrega del contrato a Gaxi con argumentos técnicos y financieros.»
Amenazas de muerte contra el testigo clave
La gravedad del caso se ha profundizado tras las denuncias de intimidación realizadas por Luis Enrique Rojas. El testigo relató que el 28 de febrero de 2024 recibió una comunicación amenazante proveniente de un número telefónico localizado en Países Bajos. En dicha llamada, se le conminó a abandonar el país en un plazo de cinco días si persistía en su colaboración con la justicia.
Sobre este incidente, Rojas detalló:
«La llamada duró 38 segundos y usaron distorsionador de voz. Me dijeron que si seguía declarando, me mataban a mí y a mi familia.»
Debido a la peligrosidad de estas advertencias, fuentes en Estados Unidos indicaron que se están evaluando protocolos de protección especial para garantizar la integridad del testigo.
Repercusiones en la estructura de Ecopetrol
El impacto institucional no se ha hecho esperar. Tras la formalización de la imputación contra Ricardo Roa el pasado 11 de marzo de 2026, la junta directiva de Ecopetrol convocó a una sesión extraordinaria para analizar la permanencia del directivo. Como resultado, se acordó informar oficialmente a los mercados y notificar a entidades clave en Estados Unidos, incluyendo a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores), la División Criminal de Fraude (DOJ) y los tribunales del distrito sur de Nueva York.
Asimismo, la empresa procedió a gestionar el formato 6-K, un requisito indispensable para salvaguardar la posición jurídica de la petrolera en ambos territorios. Esta medida busca dar respuesta a la inquietud de los inversionistas internacionales, quienes demandan transparencia ante la inestabilidad que este proceso judicial genera.
Internamente, varios miembros de la junta han enfatizado la necesidad de adherirse estrictamente a los protocolos de gobierno corporativo. El objetivo es supervisar cada decisión tomada para evitar que los directivos asuman responsabilidades legales personales a futuro. Una alta ejecutiva de la compañía subrayó que la situación de Roa es excepcional, señalando que es el único director ejecutivo de una firma que cotiza en la Bolsa de Nueva York que mantiene su puesto teniendo un proceso penal vigente.
Próximos pasos en el ámbito legal
La Fiscalía General de la Nación todavía debe determinar si cuenta con los elementos suficientes para llamar a juicio a Ricardo Roa por los delitos relacionados con el contrato de gas y la compra del apartamento.
Paralelamente, para el 8 de abril de 2026 se ha programado una audiencia adicional por cargos de fraude procesal y violación de los topes electorales. Roa ha negado categóricamente estas acusaciones, así como cualquier participación en actos de contratación irregular.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha manifestado su respaldo a Roa específicamente en lo que respecta a la financiación de su campaña política; no obstante, ha mantenido silencio frente a los señalamientos que vinculan al directivo con presuntos hechos de corrupción en Ecopetrol.
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