La organización no gubernamental Foro Penal ha ratificado la liberación de, al menos, 690 presos políticos en territorio venezolano desde el pasado 8 de enero. Esta serie de excarcelaciones se produce tras el anuncio oficial de las autoridades sobre la puesta en libertad de un grupo significativo de personas, proceso que cobró mayor impulso con la sanción de la Ley de Amnistía durante el mes de febrero.
El principal directivo de la ONG, Alfredo Romero, quien lidera la defensa de los ciudadanos detenidos de forma arbitraria por el sistema vigente, presentó el balance actualizado con corte a las 18:30 hora local (22:30 GMT) de este viernes. No obstante, Romero aclaró que aún no se ha pormenorizado cuántos de los ciudadanos beneficiados mantienen procesos judiciales abiertos o medidas de restricción, frente a aquellos que habrían alcanzado la libertad absoluta.
De igual manera, el reporte no ha discriminado cuántas de estas salidas de prisión se derivan estrictamente de la nueva normativa de amnistía. El registro de la entidad de derechos humanos contempla a prisioneros políticos que salieron antes y después de la implementación de dicha ley, la cual fue promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ratificada por el Parlamento de mayoría oficialista.
Hasta el corte del pasado miércoles, el Foro Penal mantenía un registro de 508 presos políticos en Venezuela. Por su parte, la administración estatal continúa negando la existencia de detenciones por razones de pensamiento político, sosteniendo que los implicados están sujetos a procesos por delitos de carácter común.
Detalles sobre la Ley de Amnistía y cifras oficiales
En un reporte paralelo emitido el jueves, el Legislativo venezolano dio a conocer que un total de 7.727 personas han sido favorecidas por la Ley de Amnistía. De esta cifra global, 253 personas se encontraban bajo régimen de reclusión, mientras que otros 7.474 ciudadanos contaban con medidas cautelares. La normativa aprobada en febrero tiene un alcance temporal que abarca sucesos ocurridos entre 1999 y 2026, integrando expedientes relacionados con 13 eventos críticos registrados en 13 años distintos del periodo chavista.
Ante este panorama, el Foro Penal realizó un llamado público para que los nuevos encargados de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo operen bajo principios de autonomía. Para la ONG, es imperativo que estas carteras ayuden a restablecer la confianza institucional, tras la salida de sus anteriores titulares y la llegada de funcionarios interinos alineados con el oficialismo.
Según las declaraciones de Alfredo Romero, el país atraviesa una “profunda crisis institucional”. Sin embargo, el jurista reconoció que la amnistía de febrero abre una ventana para caminar hacia la recuperación de las instituciones. Ha enfatizado que la renovación de la Fiscalía y la Defensoría es vital, dado que estos organismos han sido señalados por la ONG como herramientas utilizadas para la persecución política.
“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, manifestó Romero en conferencia de prensa.
El titular del Foro Penal recordó que la Fiscalía ostenta el “monopolio de la acción penal”, lo que le otorga la potestad de clausurar o archivar expedientes que no estén contemplados en la amnistía, además de la responsabilidad de iniciar indagaciones por posibles atropellos a los derechos fundamentales.
Cabe recordar que el pasado 25 de febrero, poco después de entrar en vigencia la ley, Tarek William Saab dejó su puesto como fiscal general y Alfredo Ruiz renunció a la Defensoría del Pueblo. En la reconfiguración actual, Saab asumió la Defensoría con carácter temporal, mientras que el abogado Larry Devoe fue designado como fiscal general encargado.
Protestas contra la censura digital y cierre de medios
En el marco de esta transición política, diversos colectivos de derechos humanos y representantes civiles se movilizaron hacia las dependencias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en Caracas. El objetivo de la protesta fue exigir el cese del bloqueo a aproximadamente 200 portales web que actualmente se encuentran restringidos para los usuarios en el país.
La jornada de manifestación tuvo lugar durante el Día Mundial contra la Censura en Internet, donde se exigió el pleno restablecimiento del derecho a la información en el ecosistema digital.
Los activistas entregaron una petición formal a Conatel para que se levanten los bloqueos, argumentando que impedir el acceso a sitios web viola derechos constitucionales básicos. La movilización busca que la nueva dirección del ente regulador promueva un acceso plural a la información, especialmente cuando cifras del Colegio Nacional de Periodistas advierten que más de 400 medios de comunicación han desaparecido en Venezuela en las últimas tres décadas.
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