En un fallo de gran relevancia jurídica, la Cámara Federal de Casación Penal desestimó los planteamientos de prescripción presentados en la investigación sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora Odebrecht a exfuncionarios durante el periodo kirchnerista, específicamente en relación con contratos para la ampliación de gasoductos.
La resolución, que fue rubricada este jueves por los magistrados de la Sala I del tribunal penal de mayor jerarquía en Argentina, ratifica la decisión de mantener vigente el expediente que busca esclarecer si existieron pagos ilícitos para beneficiar a la firma brasileña. Con este veredicto, se confirma lo que ya se había determinado en instancias judiciales previas.
Dentro de la nómina de imputados que figuran en este expediente judicial se encuentran exmiembros del gabinete nacional como Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación Federal, y Daniel Cameron, exsecretario de Energía. Asimismo, la causa incluye a otros procesados identificados como Bautista Jacinto Marcheschi, Luis Alberto Beuret, Cristian Folgar y Marcio Faría Da Silva, además de la entidad corporativa Odebrecht S.A.
Previamente, el 13 de noviembre de 2025, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había validado el fallo de la magistrada María Eugenia Capuchetti. La jueza federal había rechazado inicialmente los pedidos de prescripción de la acción penal que fueron impulsados por los equipos legales de los acusados.
Ante esta situación, los defensores de De Vido, Da Silva y la empresa Odebrecht S.A. procedieron a interponer recursos de casación. Al ser denegados dichos recursos, las partes recurrieron mediante quejas directas ante la máxima instancia de Casación Penal.
La resolución de la Sala I
En esta etapa procesal, la Sala I —conformada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma— resolvió rechazar por mayoría las solicitudes de las defensas. Los magistrados Petrone y Carbajo fundamentaron que la negativa a la prescripción:
“No constituye una sentencia definitiva ni se equipara a ella por sus efectos, dado que las resoluciones que deniegan la prescripción de la acción penal no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
Adicionalmente, los jueces resaltaron que los recurrentes no lograron presentar una crítica razonada o argumentos sólidos que permitieran revertir la postura de la Cámara Federal, limitándose únicamente a manifestar su disconformidad con el fallo anterior. Por otro lado, la jueza Ángela Ledesma emitió un voto en disidencia, sugiriendo que los agravios presentados podrían encajar en las causales necesarias para admitir la queja.
El trasfondo del caso: Gasoductos y sobornos
La investigación judicial se focaliza en el presunto movimiento de fondos ilícitos por una cifra de 25 millones de dólares, operaciones que habrían ocurrido entre los años 2007 y 2014.
De acuerdo con las pesquisas, estas coimas se habrían gestionado a través de una división específica de Odebrecht creada para operaciones encubiertas, una estructura cuya existencia ya ha sido comprobada en diversos procesos internacionales.
La propia constructora reconoció ante las autoridades judiciales de Brasil haber repartido sobornos para obtener privilegios en licitaciones de obra pública en múltiples naciones. En territorio argentino, la investigación se centra en los acuerdos para expandir las redes de las empresas Transportadora de Gas del Sur y Transportadora de Gas del Norte.
La jueza María Eugenia Capuchetti ya había descartado con anterioridad una solicitud particular de la defensa de Marcio Faria Da Silva. En dicho contexto, la Unidad de Información Financiera (UIF), que participa como querellante, se opuso formalmente a la prescripción basándose en que algunos de los implicados mantuvieron cargos públicos hasta tiempos recientes.
Un ejemplo citado es el de Cristian Folgar, quien se desempeñó como asesor en la Cámara de Diputados para Margarita Stolbizer hasta el año 2020, habiendo formado parte previamente del directorio de CAMMESA. Según el criterio de la Cámara Federal porteña, la normativa vigente permite interrumpir el plazo de prescripción de un expediente cuando los involucrados ejercen funciones en el Estado, debido a que el poder del cargo podría ser utilizado para obstruir la justicia.
Este caso, que se extiende por más de 17 años, posee diversas ramificaciones. Una de ellas, conocida como “Odebrecht-Aysa”, ya alcanzó la etapa de juicio oral en el año 2019 bajo cargos de irregularidades en contratos valorados en 2.300 millones de dólares. El tramo actual de la causa sigue en fase de instrucción, apoyándose en las delaciones premiadas de Da Silva y Luiz Antonio Mameri ante la justicia brasileña. La reciente decisión de Casación garantiza que las investigaciones continúen su curso en los tribunales de Comodoro Py.
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