En una jornada decisiva para su futuro profesional, la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, comparecerá este jueves 12 de marzo ante el hemiciclo del Congreso de la República. La magistrada acudirá para ejercer formalmente su derecho a la defensa frente a una nueva propuesta legislativa que busca sancionarla con una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de 10 años.
Esta representaría la segunda sanción de la misma naturaleza impulsada contra Espinoza por el Parlamento. Cabe recordar que el pasado mes de diciembre, el Legislativo ya dictó una medida similar fundamentada en un documento que la exfiscal asegura no haber firmado ni respaldado en su momento.
En esta ocasión, un sector de los parlamentarios promueve el castigo tras la decisión de Espinoza de denunciar a los legisladores que respaldaron una ley que permite a exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional percibir simultáneamente su pensión y su remuneración mensual como congresistas. Anteriormente, esta doble percepción de ingresos estatales estaba prohibida, pero la nueva normativa facultó a quienes sirvieron en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea o la Policía a recibir ambos beneficios económicos.
Evaluación del informe de la Subcomisión
El documento final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda aplicar la inhabilitación de una década contra Delia Espinoza. Sin embargo, el mismo informe propone el archivo de la denuncia en lo que respecta a la presunta comisión de delitos penales.
Bajo la óptica de la Subcomisión, la exfiscal habría vulnerado el precepto constitucional sobre la inmunidad parlamentaria, lo que justificaría la sanción política, pero concluye que no existen elementos suficientes para señalarla por abuso de autoridad o prevaricato. Según el texto, la denuncia constitucional interpuesta por Espinoza contra los legisladores habría quebrado el principio de separación de poderes sin que esto constituya necesariamente un ilícito penal. Dicho informe fue ratificado por la Comisión Permanente en diciembre de 2025.
Acciones legales contra la sanción previa
Es importante señalar que la primera inhabilitación impuesta a Delia Espinoza ya ha sido impugnada mediante una demanda de amparo ante el Poder Judicial. Durante esta semana, la Tercera Sala Constitucional de Lima desarrolló la audiencia correspondiente, contando con la participación de la defensa de la magistrada y el procurador del Congreso.
Los representantes legales de Espinoza han solicitado que se declare nula la sanción, calificando como falso que ella haya suscrito el Reglamento de Actuación Fiscal, directiva que, según el Congreso, colisiona con la ley que otorga la dirección de la investigación preliminar a la Policía. Por contraparte, el abogado del Parlamento sostuvo que la exfiscal sí habría avalado dicho reglamento en su calidad de “presidente de la Junta de Fiscales Supremos”, cargo en el que fue oficializada por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.
La defensa del Congreso no supo explicar con convicción por qué el Parlamento solo optó por sancionar solo a Espinoza cuando, según el informe final, todos los fiscales supremos habrían aprobado el reglamento en cuestión.
Competencia por el decanato del CAL
Este escenario político coincide con la recta final de las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima (CAL). El próximo sábado 14 de marzo, se realizará la segunda vuelta para elegir al nuevo decano entre Delia Espinoza y Humberto Abanto.
Tras los resultados de la primera vuelta, Espinoza parte con una ventaja de 6.295 votos, tras haber obtenido 18.899 respaldos (42,95% de los votos válidos). Por su parte, el abogado Humberto Abanto alcanzó 12.604 votos (28,64%). Recientemente, el Comité Electoral del CAL ratificó la postulación de la exfiscal al declarar improcedente una tacha presentada en su contra, confirmando así su participación en la elección gremial.
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