La senadora Karen Manrique, quien se encuentra bajo investigación por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó de forma voluntaria ante las dependencias de la Sijín de la Policía Nacional en Tame, Arauca, el pasado 11 de marzo.
Pese a su comparecencia espontánea, hasta el 12 de marzo aún no se había oficializado su captura de manera formal. Este proceso judicial surge tras una orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual determinó una medida de prisión preventiva en su contra en el contexto de un proceso por cohecho impropio.
Las indagaciones se centran en el posible manejo irregular de fondos públicos que ascienden a los 92.000 millones de pesos, vinculados a la adjudicación de diversos contratos estatales.
Suspensión del cargo y la ley de “silla vacía”
La resolución judicial conlleva la aplicación inmediata de la figura conocida como “silla vacía”, contemplada en el marco legal de Colombia. Esta normativa prohíbe que cualquier otro integrante del partido o la lista de la investigada asuma el cargo legislativo, dejando la curul sin ocupante.
Debido a esta situación, el departamento de Arauca corre el riesgo de quedar sin representación política en el Congreso durante lo que resta de la legislatura y el periodo siguiente, afectando el respaldo de los 5.640 ciudadanos que votaron por su reelección. Asimismo, la Corte Suprema decretó la suspensión inmediata de Manrique en sus funciones oficiales mientras avanza el juicio.
El rol de la senadora en la red de contratación
De acuerdo con el expediente de la investigación, Karen Manrique habría operado como un enlace estratégico entre el Gobierno nacional y el legislativo. Se presume que mantuvo coordinaciones con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para gestionar y supervisar contratos de la Ungrd en zonas específicas.
Entre los municipios beneficiados por estas gestiones se encuentran Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar. Olmedo López, quien fuera director de la Ungrd, declaró que la senadora era la encargada de coordinar las agendas y dar seguimiento a los requerimientos de las comunidades de su región.
La Fiscalía ha aportado evidencias, incluyendo registros de mensajes en WhatsApp, que vinculan directamente a la legisladora con la administración de recursos públicos por 92.000 millones de pesos para obras e interventorías. Este caso se suma a los precedentes de Soledad Tamayo y Aída Merlano, quienes también dejaron sus escaños vacíos por procesos judiciales. Actualmente, se espera la formalización del centro de reclusión donde Manrique deberá cumplir la medida impuesta por el alto tribunal.
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